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miércoles, 27 de octubre de 2021

Blockchain y la Administración Pública

Qué es blockchain y cómo puede ser aplicado en la Administración Pública.

Blockchain es una tecnología de transferencia de datos codificada (encriptada) y descentralizada. Es virtualmente inviolable.

Como se ha señalado, esta tecnología es virtualmente inviolable porque cada registro o transferencia de información tiene un “sello” (hash). Además, no existe una única base de datos que contenga o centralice la información.

La información está descentralizada, es decir, contenida en los “nodos” (computadoras) de los que participan en una operación. En ese sentido, si alguien quiere violar un registro, el evento se descubrirá, porque se podrá verificar que se ha roto el sello (hash). Adicionalmente, todos los participantes podrán verificar su propia información y contrastar la alteración. 

En ese sentido, donde hay datos o registros, puede haber blockchain. Ejemplos: Registros Públicos, Historias Médicas, Votación, Emisión de Documentos, etc, etc etc.

Este sistema genera rapidez (transmisión automática de información), trazabilidad, inmutabilidad y seguridad.

lunes, 28 de septiembre de 2020

LA NEGOCIACION COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO SEGUN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (PARTE 1)

La negociación colectiva en el Sector Público es un tema muy importante, tratado por el Tribunal Constitucional en dos acciones de inconstitucionalidad. Uno es el denominado caso "Ley de Presupuesto" y el otro es "Ley del Servicio Civil". 

A continuación mostramos lo escrito en dichas sentencias, agrupados en una serie de aspectos que consideramos importantes. Salvo pequeñas ediciones, hemos tratado de mantener "literalmente" lo señalado en dichos documentos. La idea es presentar lo que el Tribunal ha dicho, pero de manera organizada, incluyendo lo señalado en las dos sentencias señaladas. En cada párrafo, se cita la fuente (la sentencia de la cual se toma el texto).

Carácter de Derecho Constitucional de la Negociación Colectiva en el Sector Público.-

El silencio del artículo 42 acerca de la titularidad del derecho de negociación colectiva por parte de los servidores públicos no puede entenderse en el sentido de que lo excluya. (Considerando 45, Caso Ley Presupuesto).

Los servidores públicos titularizan el derecho a la sindicalización y a la huelga en los términos que formula el artículo 42 de la Constitución se encuentra implícitamente reconocido el derecho a la negociación colectiva. Esto es consecuencia de una interpretación institucional de dichos derechos a la sindicalización y a la huelga. (Considerando 47, Caso Ley Presupuesto).

El Derecho de Negociación Colectiva en el Sector Público “se encuentra implícitamente reconocido” (Fundamento 141, Caso LSC 1).

sábado, 3 de febrero de 2018

Los Sistemas Administrativos y el Sector Público (Parte 2)

Actualmente, la norma central que regula los sistemas administrativos de manera general es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158). Esta Ley Orgánica señala que existen dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) ratifica que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso (artículo 46).

En este camino, la LOPE ha hecho un esfuerzo importante, al señalar específicamente los sistemas administrativos existentes:

domingo, 7 de enero de 2018

2018. ¿El año de la gran migración al nuevo régimen del Servicio Civil?


Como es conocido, la Ley del Servicio Civil contiene dos grandes conjuntos normativos, aplicables de diferente manera. 

El primer conjunto es el que desarrolla y consolida las reglas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que son aplicables a todas las entidades y a los servidores del Sector Público en todos los regímenes. Estas reglas se aplican así no hayan iniciado el proceso de tránsito al nuevo régimen. 

El segundo conjunto normativo de la Ley del Servicio Civil se refiere al nuevo régimen al que migrarán los servidores pertenecientes a los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057. Son las reglas del nuevo sistema (del nuevo régimen), que serán aplicables a las entidades y sujetos que realicen el tránsito.

De acuerdo a la propia Ley (Primera Disposición Complementaria Transitoria), la implementación del nuevo régimen en las entidades del Sector Público y la migración de los servidores indicados se realiza progresivamente y en un plazo máximo de 6 años (contados desde la entrada en vigencia de la Ley).

Complementariamente a lo señalado en la Ley, su Reglamento General (Cuarta Disposición Complementaria Transitoria) ha señalado que las entidades que al 31 de diciembre de 2017 no hayan iniciado el proceso de adecuación previsto en la Ley, serán comprendidas en el mismo automáticamente, a partir del 1ro de enero 2018. Para formalizar ello, el Reglamento General señala que SERVIR emitirá las resoluciones de inicio, donde se incorpora formalmente a las entidades estatales; al proceso de tránsito.

Si se sigue lo señalado por el Reglamento General, SERVIR deberá definir -de manera inminente- cómo se realizará la incorporación de las entidades. Hay que tomar en cuenta que esto será un trabajo monumental, considerando que existen 2000 entidades en el Sector Público y, hasta la fecha, ninguna entidad ha migrado al nuevo régimen.

domingo, 22 de octubre de 2017

Regulación Administrativa (Poder de Policía del Estado) y Seguros Privados. Posible complementariedad virtuosa.



Artículo dedicado a mis colegas Patricia Balbuena, Norma Correa y Gisselle Romero. Sus ideas sobre innovación en el Sector Público, motivan a pensar diferente, por un Estado mejor; buscando el bienestar de la sociedad.

El Poder Policía constituye una de las manifestaciones de la Función Administrativa del Estado. Esta consiste en la ordenación, regulación, limitación de derechos, para articularlos, coordinarlos, adecuarlos al interés general, público o derechos o intereses legítimos de otros ciudadanos. A estas función también se le conoce como "Regulación Administrativa".

La Regulación Administrativa o el Poder de Policía se fundamenta esencialmente en el riesgo o en la prevención de éste, frente a actividades desarrolladas por los ciudadanos que pudieran afectar a otros. Para tal efecto, el Estado actúa efectiva o positivamente, con mecanismos previos o posteriores, para hacer efectivas dichas limitaciones de derechos.

La forma más común en que el Estado ejerce su Poder de Policía es a través de intervenciones ex – ante. Es decir, previas a la actuación del ciudadano. En este rubro encontramos a las autorizaciones, licencias y permisos.

Tradicionalmente, los mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos están diseñados de manera tal, que es el propio Estado quien define normativamente los riesgos, las medidas preventivas necesarias a asumirse, los mecanismos de mitigación de riesgos y; verifica (administrativamente) su cumplimiento. En la perspectiva tradicional todo lo define, establece y administra el Estado. Con sus recursos, sus procedimientos y su personal.