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domingo, 22 de octubre de 2017

Regulación Administrativa (Poder de Policía del Estado) y Seguros Privados. Posible complementariedad virtuosa.



Artículo dedicado a mis colegas Patricia Balbuena, Norma Correa y Gisselle Romero. Sus ideas sobre innovación en el Sector Público, motivan a pensar diferente, por un Estado mejor; buscando el bienestar de la sociedad.

El Poder Policía constituye una de las manifestaciones de la Función Administrativa del Estado. Esta consiste en la ordenación, regulación, limitación de derechos, para articularlos, coordinarlos, adecuarlos al interés general, público o derechos o intereses legítimos de otros ciudadanos. A estas función también se le conoce como "Regulación Administrativa".

La Regulación Administrativa o el Poder de Policía se fundamenta esencialmente en el riesgo o en la prevención de éste, frente a actividades desarrolladas por los ciudadanos que pudieran afectar a otros. Para tal efecto, el Estado actúa efectiva o positivamente, con mecanismos previos o posteriores, para hacer efectivas dichas limitaciones de derechos.

La forma más común en que el Estado ejerce su Poder de Policía es a través de intervenciones ex – ante. Es decir, previas a la actuación del ciudadano. En este rubro encontramos a las autorizaciones, licencias y permisos.

Tradicionalmente, los mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos están diseñados de manera tal, que es el propio Estado quien define normativamente los riesgos, las medidas preventivas necesarias a asumirse, los mecanismos de mitigación de riesgos y; verifica (administrativamente) su cumplimiento. En la perspectiva tradicional todo lo define, establece y administra el Estado. Con sus recursos, sus procedimientos y su personal.