Un registro más no importa? Comentarios críticos al Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional

Varias veces hemos señalado que para disuadir conductas indebidas o socialmente indeseadas (como faltas, infracciones y delitos) deben existir efectivos mecanismos de responsabilidad. Es decir, mecanismos que  lleven al infractor a asumir el “costo” de su conducta. Por ello, ratificamos que el “enforcement” de los mecanismos de responsabilidad (administrativa, civil o penal) debe ser eficaz. Es decir deben cumplir sus fines (que se asuma la responsabilidad).

Ahora bien, estos mecanismos no sólo deben ser eficaces, sino también eficientes. No deberían generar mayores gastos, o requerimientos innecesarios o ni generar duplicidad con mecanismos ya existentes ni promover la confusión entre los sujetos que tengan que utilizarlos, aplicarlos o consultarlos.

Hago esta introducción, para comentar de manera crítica el novísimo Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional. En este sentido, debo comenzar diciendo que estoy a favor de que existan efectivos mecanismos de responsabilidad contra los abogados, que utilizando su profesión; realizan actos indebidos. La conducta de muchos (muchísimos) abogados, es un factor importante, que contribuye a la disfuncionalidad, al mal funcionamiento de nuestro Estado. Y no me refiero solamente a aquellos que trabajan en el sector público, sino a aquellos que están en el sector privado, pero cuyo comportamiento va minando al Estado. No me extenderé más en este punto, porque amerita un artículo específico.

Lo que quiero comentar es la forma como se está queriendo hacer efectiva la responsabilidad de los abogados. Me refiero al caso específico de la creación de este Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional.

Anunciando nuevos proyectos

¿Y la reforma del Servicio Civil? ¿Omisión, indecisión, abandono?

Desde su primer mensaje, el Presidente PPK señaló que su gobierno estaría centrado en: i) servicios de agua y saneamiento, ii) servicios de salud, iii) seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, iv) infraestructura pública para el desarrollo y la productividad, v) educación pública y vi) descentralización; temas cuya importancia nadie podría discutir y que son –ciertamente–cuestiones  que el Estado debe abordar con decisión y eficiencia.

Sin embargo, llama la atención que a cuatro meses de haber asumido funciones, el nuevo gobierno haya hecho muy pocas declaraciones públicas y limitadísimas acciones relacionadas al estado del servicio civil y al proceso de reforma iniciado.

Decimos que llama la atención, porque los servidores públicos constituyen el factor fundamental, el elemento clave del cual depende –en gran medida– el movimiento, la acción y el desempeño del Estado. De nada sirven cambios normativos, cambios de sistemas, planificación, estrategia o mayores recursos si no se cuenta con servidores idóneos, que hagan realidad las políticas públicas contenidas en normas, planes, programas y presupuestos. Un gobierno con tecnócratas sabe de esto.

Dar prioridad al servicio civil es importante, no sólo en el largo plazo. Es un asunto en el que los cambios en el largo plazo se empiezan a construir desde hoy. Sin perjuicio de los temas ya conocidos como la multiplicidad de regímenes existentes, el aumento constante de personal, el mayor gasto, el limitado nivel profesional existente o, la falta de medición del desempeño y evaluación del personal; existen situaciones que deben ser atendidas. Sólo mencionaremos un par de temas, para mostrar el sentido de urgencia que se requiere.