viernes, 28 de diciembre de 2018

La irrupción del Corporate Compliance en nuestro sistema jurídico.

El denominado “Corporate Compliance” ha irrumpido en nuestro país, a partir del establecimiento de la denominada “responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”; dado que constituye un mecanismo de exención de sanción que les sería aplicable.

La Ley N° 30424, modificada por el decreto legislativo N° 1312 y la Ley N° 30835 estableció la “responsabilidad administrativa” de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 384, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado y en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo.

Los delitos por los que puede ser responsable la persona jurídica son: 

jueves, 13 de diciembre de 2018

Obras por Impuestos .... un modelo para analizar.

En la gestión pública tradicional el desarrollo e implementación de una infraestructura (inversión pública) requiere que el Estado tenga previamente disponibilidad de recursos (obtenidos vía tributos o endeudamiento) y, además, que para su gasto se cumplan las disposiciones de una serie de sistemas administrativos: inversión pública, presupuesto y abastecimiento (contrataciones). Un estudio realizado el 2011 por Mayen Ugarte, María Inés Celle y Neride Sotomarino (CIES/GOVERNA) señalaba que dada la interacción establecida entre los sistemas administrativos, el desarrollo e implementación de la infraestructura podía demorar tres años …., en el mejor escenario. 

En este artículo no voy a referirme a los sistemas administrativos ni sobre su necesaria optimización. Voy a tratar el mecanismo denominado “Obras por Impuestos” (OXI), que –en mi opinión– aminora los problemas señalados y reduce los tiempos de desarrollo e implementación de la infraestructura.

El mecanismo OXI es una modalidad de ejecución de la inversión pública, donde una entidad privada ejecuta el proyecto, con sus propios recursos (financia con recursos privados). El valor (cantidad) destinado por la entidad privada en la ejecución del proyecto puede ser utilizado para efectos del pago del Impuesto a la Renta que corresponda a dicha entidad. 

lunes, 15 de octubre de 2018

El caso de la Línea 2 del Metro. Sancionados por el Tribunal Superior de la Contraloría General.

Las siguientes líneas pretenden mostrar las circunstancias que han dado origen a la sanción de inhabilitación que el Tribunal Superior de la Contraloría General ha impuesto a varios servidores y ex – servidores de PROINVERSION.

Contexto del caso.-

Es el proceso de promoción de la inversión privada (para la concesión) de la Línea 2 del Metro de Lima. El Proyecto consiste en Ia ejecución de un sistema de Metro Subterráneo de 35 km, que comprende el eje Este – Oeste  (Ate al Callao) y, un ramal de conexión en la Av. Faucett hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El proceso se desarrolla de febrero de 2012 a abril de 2014, cuando queda suscrito el contrato de concesión. Esta concesión fue otorgada al consorcio denominado “Nuevo Metro de Lima”, integrado por las empresas Cosapi S.A., Salini Impregilo S.p.A, Iridium Concesiones de Infraestructura S.A., Vialia Sociedad Gestora de Concesione de Infraestructura S.L, Ansaldo Breda SpA. y Ansaldo STS SpA.

Para el proceso, PROINVERSION contrata un consultor integral para la elaboración de los estudios de preinversión del proyecto y para la asesoría durante la fase de estructuración.

domingo, 9 de septiembre de 2018

Mi libro recomendado: El Gobierno de los Bienes Comunes de Elinor Ostrom.


Este es uno de mis libros favoritos. En este libro no sólo se relaciona la Economía y el Derecho, sino que se cuestionan postulados que la propia Economía plantea sobre el problema de los bienes comunes. Elinor Ostrom era una profesora de Ciencia Política, dedicada originalmente al estudio del Estado, de sus organizaciones y su desempeño (los temas que uno típicamente esperaría de un politólogo). 

Sin embargo, de estos temas, la Profesora Olstrom se vió luego interesada en el estudio de las organizaciones comunales para pasar al estudio de los bienes comunes. Seguramente el interés por estos temas llevó a la Profesora Ostrom al estudio de los conceptos y metodología de la economía. Los “bienes comunes” son un concepto creado y desarrollado por la economía y la acción comunal es estudiada bajo una teoría denominada “acción colectiva”. 

Los objetivos finales del libro son: i) la crítica de las políticas que se aplican para la administración y el control de bienes o recursos comunes, ii) la presentación de ejemplos de administración y regulación comunal de dichos recursos y, iii) el inicio de un esfuerzo para comprender las capacidades y limitaciones del autogobierno. Ostrom como buena científica social, no se conforma con aceptar las teorías existentes sobre el uso y explotación de los bienes comunes, sino que las cuestiona y plantea otras alternativas, con la intención de expandir los alcances de su disciplina. 

Este texto es recomendable para todos los interesados en economía institucional, análisis económico del derecho y análisis de políticas públicas (al margen de estar de acuerdo a no con sus planteamientos). Para quienes no puedan o no quieran leer todo el libro, recomiendo particularmente el Capítulo I (“Reflexiones sobre los comunes”). Con esta lectura tendrán una buena visión del problema de los comunes, las teorías existentes así como sus fundamentos (incluyendo la propuesta planteada por Ostrom).

jueves, 6 de septiembre de 2018

ANALISIS DE CALIDAD REGULATORIA (Parte 1)

El Decreto Legislativo N° 1310 (de fines del 2016) estableció -entre otras disposiciones- la implementación del denominado “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR).

El ACR constituye un paso adicional en los esfuerzos del Estado Peruano por mejorar los procedimientos administrativos -que en mi opinión- comenzaron con las normas sobre simplificación administrativa y textos únicos de procedimientos administrativos.

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1310, el ACR se aplica a las entidades del Poder Ejecutivo. Su objeto es la revisión de todas las normas de nivel reglamentario (nivel secundario) o inferior que establezcan o regulen procedimientos administrativos. Este ACR se aplica a las normas reglamentarias vigentes y a aquellas que se propongan a futuro.

La finalidad del ACR es verificar si dichas disposiciones reglamentarias se adecúan a la Ley del Procedimiento Administrativo General o las leyes (o normas de dicho rango) que les sirven de sustento. En ese sentido, la primera finalidad del ACR es cautelar que las normas reglamentarias cumplan con el principio de legalidad.

Además de ello, el ACR tiene por objetivo evaluar -en dichas disposiciones sobre procedimientos- los principios de Necesidad, Efectividad y Proporcionalidad.

domingo, 22 de julio de 2018

FUNDAMENTOS DEL "CONFLICTO DE INTERÉS" EN EL SECTOR PUBLICO

Los conflictos de interés tienen su fundamento último en el carácter de agente o administradores, que los servidores públicos tienen respecto de la ciudadanía (a la cual sirven). Los servidores públicos no son los titulares ni los dueños de los medios, los recursos o las organizaciones que dirigen o administran. Los servidores públicos administran algo ajeno, que pertenece a la ciudadanía. Por lo tanto, deben administrarlo teniendo como foco o guía, el interés, el beneficio de la ciudadanía; por encima de su propio interés (personal)

Este fundamento explica las dos principales obligaciones que tienen los servidores públicos: i) la obligación de desempeñarse de manera leal y, ii) la obligación de actuar diligentemente en la entidad donde prestan servicios.

La obligación de lealtad o fidelidad significa que el servidor debe privilegiar la posición y los intereses de la entidad frente a los suyos (económicos, políticos, familiares, sentimentales, sociales u otros). La obligación de diligencia significa que los servidores deben desempeñarse realizando su mayor esfuerzo, poniendo plenamente sus capacidades en favor de su organización.

martes, 17 de julio de 2018

La potencial contribución venezolana al Perú


La lectura de un artículo publicado por mi colega Fernando Cáceres (“Bienvenido pana”, en: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/venezuela-migracion-peru-bienvenido-pana-fernando-caceres-noticia-534903), me llevó a investigar más sobre la inmigración venezolana a nuestro país y sobre los beneficios que esta podría traer.

Particularmente me llamó la atención el dato de que el 90% de los migrantes venezolanos son profesionales o técnicos títulados, entre los 25 y 45 años de edad. Aquí existe un recurso humano, un capital humano que nuestro país debería aprovechar, porque en educación superior, Venezuela resulta superior a Perú.

Revisando los “QS World University Ranking” para Latinoamérica (https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2018), encontramos esa superioridad venezolana.