sábado, 11 de abril de 2020

El Decreto Legislativo N° 1456 y la cooperación laboral entre entidades del Sector Público

Se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1456, que establece la medida excepcional de cooperación laboral entre entidades públicas. Se trata de una figura especial, excepcional y temporal que estará vigente, mientras dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

Esta medida va en la línea de los objetivos establecidos en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. Busca potenciar la capacidad de las entidades que prestan servicios esenciales, al dotarlos de manera rápida de refuerzos, de recursos humanos, que ya existen en el Sector Público.

La cooperación laboral establece la posibilidad que servidores de las entidades públicas (poderes del Estado, OCAs, niveles de gobierno y empresas estales) bajo los regímenes 276, 728 y CAS, puedan prestar temporalmente, servicios en otra entidad (entidad receptora); siempre que dicha entidad receptora preste servicios esenciales (de acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y modificados por el Decreto Supremo N° 058-2020-PCM). 

martes, 31 de diciembre de 2019

Derechos constitucionales de “configuración legal”

En la doctrina constitucional existen los denominados “derechos constitucionales de configuración legal”. Sobre esta categoría, Fernández Delpuech por ejemplo, señala que en estos derechos, el contenido y perfiles quedan encomendados a la ley, siendo la intervención legislativa más intensa que en otros derechos, ya que los conforma en su contenido (FERNÁNDEZ DELPUECH, Lucía. Una reconstrucción de los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Agencia estatal Boletín Oficial del Estado. Madrid 2015. Página 66).

Esta autora cita a Pérez Tremps, quien ha señalado que los derechos constitucionales de configuración legal son “derechos que la propia Constitución reconoce y garantiza en función de su concreción por el legislador” (es decir, el Congreso, a través de una ley). También cita a Díez Picazo, quien considera que estos derechos “no son susceptibles de ejercicio en ausencia de un adecuado desarrollo por parte del legislador”.

El Tribunal Constitucional, siguiendo lo señalado por la doctrina constitucional, ha establecido que los derechos constitucionales tienen distinta eficacia (Fundamento 11 del Exp. N° 1417-2005-AA/TC). Así, el TC señala que existen disposiciones constitucionales de dos tipos: las normas regla y las normas principio. 

Sobre las primeras (normas regla), se señala que son mandatos concretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, judicializables. Las segundas (normas principio) constituyen mandatos de optimización, normas abiertas, de eficacia diferida, que requieren de la intermediación de una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización. Esto es, para ser exigibles.

En ese contexto tenemos los derechos constitucionales de “configuración legal”. El TC señala que existen derechos de este tipo, porque así lo ha previsto la propia Constitución (por ejemplo, el artículo 27º de la Constitución en relación con el derecho a la estabilidad laboral. Fundamento 11 y siguientes, del Expediente 0976-2001-AA) o en razón de su propia naturaleza (por ejemplo, los derechos sociales, económicos y culturales). 

Estos derechos constitucionales de configuración legal requieren de una ley, como requisito sine qua non; para la culminación de la delimitación concreta del contenido directamente atribuible al derecho fundamental. En estos derechos, su reconocimiento constitucional no es suficiente para dotarlos de eficacia plena, pues su vinculación jurídica sólo queda configurada a partir de su regulación legal (a partir de la dación de una ley), la que los convierte en exigibles.

martes, 22 de octubre de 2019

Si quiere ser congresista, lea esto. Las prohibiciones, incompatibilidades e impedimentos que genera el cargo.

Ser Congresista es un honor, al que seguramente muchos buenos ciudadanos aspiran; por la posibilidad de ejercer funciones (legislativas, de supervisión o control y de representación), en beneficio de nuestro país.

Ahora bien, estas funciones y responsabilidad traen consigo un conjunto de prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades, previstas en diferentes normas. A continuación haremos referencia a las normas que las establecen.

1. Las prohibiciones del Código Civil para adquirir derechos reales.

El artículo 1366° del Código Civil establece que los congresistas no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta; respecto de bienes del Estado (de dominio privado o de dominio público).

Esta prohibición se aplica también a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas impedidas. El cuarto grado de consanguinidad alcanza –por ejemplo– a padres, abuelos, bisabuelos, tíos, primos hermanos, hijos, nietos, bisnietos, sobrinos. El segundo grado por afinidad llega a suegros y cuñados.

Este impedimento se mantiene hasta seis meses después de que el congresista cesa en el cargo.

martes, 15 de octubre de 2019

El Análisis de Impacto Regulatorio y la Evaluación de Impacto. Un pequeño homenaje a Esther Duflo.


El Estado Peruano podría mejorar sustancialmente su acción reguladora, a través del uso de dos herramientas que provienen de la ciencia económica: i) el Estudio de Impacto Regulatorio o Análisis Costo - Beneficio y, ii) las Evaluaciones de Impacto.

Estudio de Impacto Regulatorio o Análisis Costo Beneficio de las normas.

Antes del establecimiento, adopción o implantación de normas debería llevarse a cabo un Estudio de Impacto Regulatorio, conocido también como Análisis Costo – Beneficio de las normas planteadas (mecanismo de análisis ex–ante).

Los países de la OECD han implementado lo que se conoce como “Regulatory Impact Analysis - RIA” (Estudio de Impacto Regulatorio). Este es un instrumento de análisis –ex ante– es decir previo a la dación de las leyes o de las normas en general.

El RIA es un proceso de análisis sistemático, donde se evalúan los efectos esperados de diversas alternativas normativas (propuestas para resolver un problema social). Para la evaluación se pueden utilizar diferentes métodos de análisis, aunque el principal es el análisis costo/beneficio (análisis económico).

En ese contexto, esta metodología busca determinar o elegir una alternativa normativa que maximice beneficios y minimice sus costos (sociales, no los privados). Luego de aplicado el RIA, los involucrados (legisladores, otras autoridades, funcionarios) obtienen un listado de alternativas normativas factibles de ejecución, ordenadas en función a su eficacia y eficiencia.

jueves, 10 de octubre de 2019

Colección “Lo esencial del Derecho”. Recomendación de lectura


Debo felicitar y señalar con orgullo, la iniciativa que ha tenido mi universidad; la PUCP, en editar una colección denominada “Lo esencial del Derecho”. Se trata de una colección de libros de derecho, escritos por los principales especialistas nacionales; en prácticamente todas las materias jurídicas.

Los libros de esta colección están orientados a la difusión general de temas jurídicos y por dicha razón, no son muy extensos. En promedio estos libros oscilan entre 160 y 200 páginas. Sin embargo, ese afán por el alcance general y la concreción en el tratamiento de los temas, no le ha quitado calidad ni rigurosidad a los textos. Al contrario, debo resaltar la capacidad de los autores, para resumir en tan pocas páginas, de manera ágil, comprensible y hasta amena; materias que pueden ser muy densas.

Debo decir que, en general, se trata de libros que pueden ser utilizados como textos iniciales para estudiantes de pregrado, para los ciudadanos interesados en temas jurídicos, para profesionales no abogados o, para abogados que quieren conocer materias con las que no están especializados o no ejercen habitualmente.

En mi caso, he estado leyendo (“devorando” sería la expresión correcta) varios de esos libros. Sólo por mencionar una limitada lista, tenemos:

Introducción al Derecho Ambiental, de Patrick Wieland (Libro N° 5).
Derecho Constitucional Económico, de Baldo Kresalja y César Ochoa (Libro N° 8).
Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, de Juan Carlos Morón y Zita Aguilera (Libro N°            9).
Derecho Penal, de Víctor Prado (Libro N° 27).
Análisis Económico del Derecho, de Alfredo Bullard (Libro N° 35).
El Derecho de la Función Pública y el Servicio Civil (Libro N° 41).

Hasta la fecha, se han editado 42 libros en los más diversos temas y varios de ellos existen también en versión electrónica (E-books).

https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/66-coleccion-lo-esencial-del-derecho

Si les gusta el Derecho, disfrutarán con esta fabulosa colección.

domingo, 28 de julio de 2019

Comentarios al libro: Mucho más que palabras bonitas. Economía, Instituciones y el impacto del Buen Derecho en el enriquecimiento de las naciones


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Desde hace varios meses tengo pendiente escribir una reseña del libro: Mucho más que palabras bonitas. Economía, Instituciones y el impacto del Buen Derecho en el enriquecimiento de las naciones de Gustavo Rodríguez García.

Debo decir que he leído con fruición el libro, porque se trata de una obra, desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho, que es de mi interés; escrita por un autor peruano. Y debo decir también, que ha sido un libro grato, donde me he visto reflejado, aprendido cosas nuevas y he encontrado ideas que comparto plenamente.

En primer lugar, siempre he considerado que el Derecho tradicional, siendo una disciplina normativa que pretende influir, regular, afectar la vida de las organizaciones, personas y sociedad; no conoce cómo funcionan éstos. El Derecho tradicional no ha desarrollado una teoría sobre esto. Esto puede explicar que, en muchas ocasiones, el Derecho tradicional constituya “Derecho malo”; como señala el autor de libro.

Es por ello que vincular al Derecho con las ciencias sociales, enriquece al primero. En esta perspectiva, complementar el Derecho con la Economía, probablemente la ciencia social más desarrollada (por su teoría y su metodología), promueve el “Derecho bueno”.

lunes, 24 de junio de 2019

Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.


Como es conocido, el Tribunal Constitucional (Exp. No. 00020- 2015-PI/TC) ha señalado que el Artículo 46° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (LOCGR) es inconstitucional porque viola el Principio de Tipicidad. 


Específicamente ha señalado que dicho artículo viola la precisión requerida en las conductas tipificadas como infracciones. Según el TC, dicha norma no cumple con los estándares mínimos de precisión. Y aunque el Art. 46 establece que mediante Reglamento se precisaran dichas conductas, el TC también lo descarta, porque la precisión, la especificidad tiene que estar en norma con rango de ley. El TC señala que mediante Reglamento, la Contraloría General estaría tipificando nuevas infracciones.

Considero que el Tribunal ha perdido la oportunidad de precisar los alcances de la potestad sancionadora de la Contraloría General y su engarce con los otros sistemas de responsabilidad (con el PAD, por ejemplo).

Personalmente, considero necesario un régimen administrativo sancionador de servidores, externo a las propias entidades de la Administración Pública (sea por medio de la CGR u otra entidad o mecanismo).