viernes, 16 de diciembre de 2016

Un registro más no importa? Comentarios críticos al Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional

Varias veces hemos señalado que para disuadir conductas indebidas o socialmente indeseadas (como faltas, infracciones y delitos) deben existir efectivos mecanismos de responsabilidad. Es decir, mecanismos que  lleven al infractor a asumir el “costo” de su conducta. Por ello, ratificamos que el “enforcement” de los mecanismos de responsabilidad (administrativa, civil o penal) debe ser eficaz. Es decir deben cumplir sus fines (que se asuma la responsabilidad).

Ahora bien, estos mecanismos no sólo deben ser eficaces, sino también eficientes. No deberían generar mayores gastos, o requerimientos innecesarios o ni generar duplicidad con mecanismos ya existentes ni promover la confusión entre los sujetos que tengan que utilizarlos, aplicarlos o consultarlos.

Hago esta introducción, para comentar de manera crítica el novísimo Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional. En este sentido, debo comenzar diciendo que estoy a favor de que existan efectivos mecanismos de responsabilidad contra los abogados, que utilizando su profesión; realizan actos indebidos. La conducta de muchos (muchísimos) abogados, es un factor importante, que contribuye a la disfuncionalidad, al mal funcionamiento de nuestro Estado. Y no me refiero solamente a aquellos que trabajan en el sector público, sino a aquellos que están en el sector privado, pero cuyo comportamiento va minando al Estado. No me extenderé más en este punto, porque amerita un artículo específico.

Lo que quiero comentar es la forma como se está queriendo hacer efectiva la responsabilidad de los abogados. Me refiero al caso específico de la creación de este Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional.

viernes, 9 de diciembre de 2016

A propósito de la interpelación y una posible censura.

La interpelación y la censura son figuras provenientes de los regímenes de gobierno parlamentarios. En el Perú, siendo un régimen de gobierno presidencial, existen dichas figuras, porque nuestro modelo es un “presidencialismo atenuado” o “semipresidencial”. Esto significa que es un modelo presidencial, al que se le han “incrustado” algunos elementos de regímenes parlamentarios.

La interpelación y la censura son figuras propias de los regímenes parlamentarios (la cuestión de confianza también). En el régimen parlamentario, el Parlamento (o Congreso) ese el primer Poder del Estado, no existiendo una rígida división de Poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo (el gobierno) surge o deriva del Parlamento. El gobierno es elegido por el Parlamento y sus integrantes (los ministros) son responsables ante dicha instancia (de ahí su nombre de régimen parlamentario de gobierno). Como son responsables, el Parlamento puede llamarlos a que rindan cuentas (interpelarlos) y destituirlos (censurarlos). El ejemplo que típicamente se da para este modelo es Inglaterra.

En este modelo (el parlamentario) también surgió la denominada “cuestión de confianza”. Esta constituye un arma del gobierno (del Poder Ejecutivo), frente a los excesos del Poder Legislativo (del Parlamento). En la cuestión de confianza, la iniciativa sobre un tema proviene del Gobierno y la somete al Parlamento. Si el Parlamento la rechaza, se produce la caída de los ministros del Gobierno (equivale a una censura). Sin embargo, bajo determinadas circunstancias, el rechazo de la cuestión de confianza otorga al Gobierno, la potestad de disolver el Parlamento. La idea es que disuelto el Parlamento se convoquen a nuevas elecciones para el Parlamento. Así, mediante la votación, la ciudadanía “dirime” el conflicto Parlamento – Gobierno. Esto, porque podría elegir a los mismos parlamentarios (o partidos) o sustituirlos por otros.

domingo, 27 de noviembre de 2016

¿Y la reforma del Servicio Civil? ¿Omisión, indecisión, abandono?

Desde su primer mensaje, el Presidente PPK señaló que su gobierno estaría centrado en: i) servicios de agua y saneamiento, ii) servicios de salud, iii) seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, iv) infraestructura pública para el desarrollo y la productividad, v) educación pública y vi) descentralización; temas cuya importancia nadie podría discutir y que son –ciertamente–cuestiones  que el Estado debe abordar con decisión y eficiencia.

Sin embargo, llama la atención que a cuatro meses de haber asumido funciones, el nuevo gobierno haya hecho muy pocas declaraciones públicas y limitadísimas acciones relacionadas al estado del servicio civil y al proceso de reforma iniciado.

Decimos que llama la atención, porque los servidores públicos constituyen el factor fundamental, el elemento clave del cual depende –en gran medida– el movimiento, la acción y el desempeño del Estado. De nada sirven cambios normativos, cambios de sistemas, planificación, estrategia o mayores recursos si no se cuenta con servidores idóneos, que hagan realidad las políticas públicas contenidas en normas, planes, programas y presupuestos. Un gobierno con tecnócratas sabe de esto.

Dar prioridad al servicio civil es importante, no sólo en el largo plazo. Es un asunto en el que los cambios en el largo plazo se empiezan a construir desde hoy. Sin perjuicio de los temas ya conocidos como la multiplicidad de regímenes existentes, el aumento constante de personal, el mayor gasto, el limitado nivel profesional existente o, la falta de medición del desempeño y evaluación del personal; existen situaciones que deben ser atendidas. Sólo mencionaremos un par de temas, para mostrar el sentido de urgencia que se requiere.

jueves, 17 de noviembre de 2016

Incendios, riesgos y sobreregulación: poniendo las cosas en su real dimensión

El incendio ocurrido recientemente en Larcomar y la lamentable pérdida de vidas ha reactivado la discusión sobre el rol del Estado en la verificación de riesgos de las edificaciones y de las actividades económicas. En ese contexto he escuchado voces que pretenden incrementar, mejor dicho, exacerbar; la regulación administrativa existente sobre dichos temas.

Creo que hay que poner las cosas en contexto y no reaccionar “en caliente”. Lo digo porque estoy seguro que pronto aparecerán proyectos de ley aumentando (o como dije: exacerbando), la regulación administrativa sobre edificaciones o sobre el desarrollo de actividades económicas.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que no existe nada seguro en la vida ni actividades libres de riesgo de manera absoluta. Toda actividad humana implica algún nivel de riesgo, es decir, una probabilidad (alta o baja) de que un evento negativo (una externalidad, como dirían los economistas), ocurra. Frente a ello, lo socialmente deseable es reducir la probabilidad de ocurrencia del accidente, del daño, de la externalidad (a través de diversos instrumentos) y contar con recursos para compensar a las víctimas y revertir los efectos del mismo (cuando este se produzca).

Una de las formas que las sociedades han inventado para enfrentar estos daños se da a través del Estado, cuando ejerce lo que en Derecho Administrativo se conoce como “Actividad de Policía” (también llamada reguladora o limitativa). 

jueves, 10 de noviembre de 2016

Aportes para la Comisión Presidencial de Integridad (parte 2)

Aportes para la Comisión Presidencial de Integridad (parte 2)

El problema de agencia, que tiene como su expresión máxima a la corrupción se produce por los siguientes elementos:

a) Divergencia de intereses entre la ciudadanía y los servidores civiles (los que dirigen, administran y manejan el Estado). Esto lleva a que los servidores civiles (en todos sus niveles) privilegien su propio interés, poniendo en segundo lugar los intereses estatales, ciudadanos y de la sociedad.

b) La conducta oportunista que pueden desarrollar los servidores civiles (desde los funcionarios del más alto nivel hasta el último servidor).

c) La asimetría de información existente, que va en beneficio de los servidores civiles y, en contra de la ciudadanía.

d) El traslado de costos que originan los servidores civiles con su conducta. Los servidores civiles se benefician de acciones que realizan (como la corrupción), pero no asumen los costos de ellos. Dichos costos son “socializados”, son trasladados a la ciudadanía.

e) El problema de “acción colectiva” que afecta a los ciudadanos. Esto determina que no tengan interés en participar en asuntos estatales, en informarse, en participar, en controlar o en tomar algún tipo de acción. Esta inacción deja un mayor margen de acción a los servidores civiles (administradores). Por tanto, mayor oportunidad de abuso y de cometer actos de corrupción.

En función a este modelo, para combatir efectivamente la corrupción, las medidas que se propongan deberían tomar en consideración sus elementos. Y sobre esto, la teoría económica ya ha propuesto una serie de medidas que deberíamos considerar.

Divergencia de intereses.
Para enfrentar la divergencia de intereses de los servidores civiles frente a la ciudadanía, se deberían establecer incentivos (positivos) que alineen los intereses de los primeros a las necesidades y objetivos estatales, ciudadanos y sociales que se quieran alcanzar a través de las organizaciones estatales. Esto requiere revisar los sistemas remunerativos de los servidores civiles y los mecanismos de evaluación al que deberían someterse. Sin embargo, también deberían establecerse mecanismos de establecimiento de incentivos y de evaluación a las organizaciones estatales en sí mismas (más allá del personal). En esta línea, los convenios de administración de resultados son un mecanismo que debería retomarse y potenciarse.

Comportamiento oportunista.
Para enfrentar el comportamiento oportunista de los servidores civiles se debería reclutar personas con una alta disposición al servicio en organizaciones estatales. Esta mayor disposición debería generar menores niveles de comportamiento oportunista y por tanto, no tomen tantas ventajas de su posición. Como consecuencia sería esperable que el problema de agencia y la propensión hacia la corrupción sean menores. ¿Cómo hacemos esto? Perfeccionando las reglas de acceso al servicio civil (en todos los regímenes) y asegurando su cumplimiento.

En esa misma línea, también debería incidirse en concientizar a los servidores (y a la ciudadanía en general) sobre el significado de la corrupción, los casos en donde mayormente se manifiestan, sus efectos negativos en la sociedad y las acciones más efectivas para evitarla. Todo esto requiere de acciones continuas y sus efectos se dan a largo plazo.

En el corto plazo, para enfrentar el problema de comportamiento oportunista también se pueden utilizar mecanismos de supervisión y control y, mecanismos de responsabilidad (de éstos últimos, nos referiremos más adelante).

El objetivo de los mecanismos de supervisión y controles es corregir los problemas y desviaciones que puedan presentarse en casos específicos por parte de los servidores civiles. Los sistemas administrativos deben ser vistos desde esta perspectiva y aquí hay oportunidades de mejora. Los sistemas administrativos son mecanismos de control previo, que el propio Estado ha establecido para el manejo de sus recursos. Estos sistemas establecen reglas y procedimientos que deben ser seguidos por los agentes/administradores (los servidores civiles) en una serie de materias. Con ello se busca reducir la discrecionalidad de los agentes/administradores, para que se aminore su comportamiento oportunista.

Asimetría de información.
Para enfrentar la asimetría de información se deben establecer mecanismos que revelen las decisiones y actividades que están realizando los políticos, altos funcionarios y servidores civiles en general. Se supone que al ver expuesta su conducta, el agente/administrador (el servidor civil) reducirá su conducta oportunista.

Estos mecanismos deben proporcionar –efectivamente– información al Estado y a la ciudadanía, de manera accesible, amigable y con la posibilidad de explotar la data proporcionada. Con la tecnología actualmente existente, estos mecanismos pueden ser más sofisticados y proporcionar análisis profundos, que realmente revelen lo que está ocurriendo en las organizaciones estatales (…. CONTINUARÁ).

Aportes para la Comisión Presidencial de Integridad (parte 2)

El problema de agencia, que tiene como su expresión máxima a la corrupción se produce por los siguientes elementos:

a) Divergencia de intereses entre la ciudadanía y los servidores civiles (los que dirigen, administran y manejan el Estado). Esto lleva a que los servidores civiles (en todos sus niveles) privilegien su propio interés, poniendo en segundo lugar los intereses estatales, ciudadanos y de la sociedad.

b) La conducta oportunista que pueden desarrollar los servidores civiles (desde los funcionarios del más alto nivel hasta el último servidor).

c) La asimetría de información existente, que va en beneficio de los servidores civiles y, en contra de la ciudadanía.

d) El traslado de costos que originan los servidores civiles con su conducta. Los servidores civiles se benefician de acciones que realizan (como la corrupción), pero no asumen los costos de ellos. Dichos costos son “socializados”, son trasladados a la ciudadanía.

e) El problema de “acción colectiva” que afecta a los ciudadanos. Esto determina que no tengan interés en participar en asuntos estatales, en informarse, en participar, en controlar o en tomar algún tipo de acción. Esta inacción deja un mayor margen de acción a los servidores civiles (administradores). Por tanto, mayor oportunidad de abuso y de cometer actos de corrupción.