martes, 15 de octubre de 2019

El Análisis de Impacto Regulatorio y la Evaluación de Impacto. Un pequeño homenaje a Esther Duflo.


El Estado Peruano podría mejorar sustancialmente su acción reguladora, a través del uso de dos herramientas que provienen de la ciencia económica: i) el Estudio de Impacto Regulatorio o Análisis Costo - Beneficio y, ii) las Evaluaciones de Impacto.

Estudio de Impacto Regulatorio o Análisis Costo Beneficio de las normas.

Antes del establecimiento, adopción o implantación de normas debería llevarse a cabo un Estudio de Impacto Regulatorio, conocido también como Análisis Costo – Beneficio de las normas planteadas (mecanismo de análisis ex–ante).

Los países de la OECD han implementado lo que se conoce como “Regulatory Impact Analysis - RIA” (Estudio de Impacto Regulatorio). Este es un instrumento de análisis –ex ante– es decir previo a la dación de las leyes o de las normas en general.

El RIA es un proceso de análisis sistemático, donde se evalúan los efectos esperados de diversas alternativas normativas (propuestas para resolver un problema social). Para la evaluación se pueden utilizar diferentes métodos de análisis, aunque el principal es el análisis costo/beneficio (análisis económico).

En ese contexto, esta metodología busca determinar o elegir una alternativa normativa que maximice beneficios y minimice sus costos (sociales, no los privados). Luego de aplicado el RIA, los involucrados (legisladores, otras autoridades, funcionarios) obtienen un listado de alternativas normativas factibles de ejecución, ordenadas en función a su eficacia y eficiencia.

jueves, 10 de octubre de 2019

Colección “Lo esencial del Derecho”. Recomendación de lectura


Debo felicitar y señalar con orgullo, la iniciativa que ha tenido mi universidad; la PUCP, en editar una colección denominada “Lo esencial del Derecho”. Se trata de una colección de libros de derecho, escritos por los principales especialistas nacionales; en prácticamente todas las materias jurídicas.

Los libros de esta colección están orientados a la difusión general de temas jurídicos y por dicha razón, no son muy extensos. En promedio estos libros oscilan entre 160 y 200 páginas. Sin embargo, ese afán por el alcance general y la concreción en el tratamiento de los temas, no le ha quitado calidad ni rigurosidad a los textos. Al contrario, debo resaltar la capacidad de los autores, para resumir en tan pocas páginas, de manera ágil, comprensible y hasta amena; materias que pueden ser muy densas.

Debo decir que, en general, se trata de libros que pueden ser utilizados como textos iniciales para estudiantes de pregrado, para los ciudadanos interesados en temas jurídicos, para profesionales no abogados o, para abogados que quieren conocer materias con las que no están especializados o no ejercen habitualmente.

En mi caso, he estado leyendo (“devorando” sería la expresión correcta) varios de esos libros. Sólo por mencionar una limitada lista, tenemos:

Introducción al Derecho Ambiental, de Patrick Wieland (Libro N° 5).
Derecho Constitucional Económico, de Baldo Kresalja y César Ochoa (Libro N° 8).
Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, de Juan Carlos Morón y Zita Aguilera (Libro N°            9).
Derecho Penal, de Víctor Prado (Libro N° 27).
Análisis Económico del Derecho, de Alfredo Bullard (Libro N° 35).
El Derecho de la Función Pública y el Servicio Civil (Libro N° 41).

Hasta la fecha, se han editado 42 libros en los más diversos temas y varios de ellos existen también en versión electrónica (E-books).

https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/66-coleccion-lo-esencial-del-derecho

Si les gusta el Derecho, disfrutarán con esta fabulosa colección.

domingo, 28 de julio de 2019

Comentarios al libro: Mucho más que palabras bonitas. Economía, Instituciones y el impacto del Buen Derecho en el enriquecimiento de las naciones


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Desde hace varios meses tengo pendiente escribir una reseña del libro: Mucho más que palabras bonitas. Economía, Instituciones y el impacto del Buen Derecho en el enriquecimiento de las naciones de Gustavo Rodríguez García.

Debo decir que he leído con fruición el libro, porque se trata de una obra, desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho, que es de mi interés; escrita por un autor peruano. Y debo decir también, que ha sido un libro grato, donde me he visto reflejado, aprendido cosas nuevas y he encontrado ideas que comparto plenamente.

En primer lugar, siempre he considerado que el Derecho tradicional, siendo una disciplina normativa que pretende influir, regular, afectar la vida de las organizaciones, personas y sociedad; no conoce cómo funcionan éstos. El Derecho tradicional no ha desarrollado una teoría sobre esto. Esto puede explicar que, en muchas ocasiones, el Derecho tradicional constituya “Derecho malo”; como señala el autor de libro.

Es por ello que vincular al Derecho con las ciencias sociales, enriquece al primero. En esta perspectiva, complementar el Derecho con la Economía, probablemente la ciencia social más desarrollada (por su teoría y su metodología), promueve el “Derecho bueno”.

lunes, 24 de junio de 2019

Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.


Como es conocido, el Tribunal Constitucional (Exp. No. 00020- 2015-PI/TC) ha señalado que el Artículo 46° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (LOCGR) es inconstitucional porque viola el Principio de Tipicidad. 


Específicamente ha señalado que dicho artículo viola la precisión requerida en las conductas tipificadas como infracciones. Según el TC, dicha norma no cumple con los estándares mínimos de precisión. Y aunque el Art. 46 establece que mediante Reglamento se precisaran dichas conductas, el TC también lo descarta, porque la precisión, la especificidad tiene que estar en norma con rango de ley. El TC señala que mediante Reglamento, la Contraloría General estaría tipificando nuevas infracciones.

Considero que el Tribunal ha perdido la oportunidad de precisar los alcances de la potestad sancionadora de la Contraloría General y su engarce con los otros sistemas de responsabilidad (con el PAD, por ejemplo).

Personalmente, considero necesario un régimen administrativo sancionador de servidores, externo a las propias entidades de la Administración Pública (sea por medio de la CGR u otra entidad o mecanismo). 

viernes, 7 de junio de 2019

El Título de Crédito Hipotecario Negociable

El Título de Crédito Hipotecario Negociable – CHN, regulado en la Ley de Títulos Valores; consiste en una hipoteca unilateral, constituida por el propietario de un bien inmueble, para respaldar un crédito (inexistente en al momento de su constitución). 

Con la constitución de la hipoteca se emite el Título de Crédito Hipotecario Negociable – TCHN que representa dicha garantía (la hipoteca). Este título es negociable. Puede ser endosado, estableciéndose en ese momento el crédito garantizado por dicha hipoteca. 

A partir del endoso, dicho título representa la garantía (la hipoteca) y el crédito que es garantizado. Como señala Castellares, el TCHN ha sido diseñado de manera análoga al Warrant. El TCHN es un título negociable, que representa la garantía y el crédito garantizado.

Este título tiene por objetivo la reducción de los costos de transacción de los mercados de crédito, al venir ya constituida la garantía (la hipoteca); antes de la negociación o solicitud del crédito.

martes, 21 de mayo de 2019

Los órganos del procedimiento administrativo disciplinario y el rol del secretario técnico

El régimen administrativo disciplinario común, establecido por la Ley del Servicio Civil (LSC), plantea un procedimiento disciplinario, donde la primera instancia se ha subdivido en dos etapas diferenciadas, a cargo de órganos diferenciados (la etapa de instrucción y la etapa de sanción).

Ahora bien, el sistema diseñado en la LSC no tiene órganos de instrucción y sanción fijos. Estos dependen de la posición del presunto infractor en la estructura organizativa de la entidad. En el cuadro adjunto se muestra los órganos instructores y sancionadores.


viernes, 10 de mayo de 2019

¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la Negociación Colectiva en el Sector Público?

En dos oportunidades anteriores, en este blog había escrito sobre la negociación colectiva en el Sector Público. 



En ambas ocasiones habíamos señalado las diferencias esenciales, que justifican el tratamiento diferenciado entre los trabajadores privados y los que ejercen función pública y, consecuentemente en la negociación colectiva en ambos sectores (privado y público). Es por ello que históricamente la negociación colectiva en el Sector Público estuvo sometida a fuertes restricciones. Ello, hasta el año 2017. 

En dos fallos discutibles, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de negociación colectiva como derecho constitucional de los servidores civiles, a pesar de que la Constitución no lo señala expresamente en el artículo 42. 

El Tribunal Constitucional (TC) ha interpretado que el derecho de negociación colectiva de los servidores civiles (Sector Público) se deriva del derecho de sindicación previsto en el artículo 42 y “extendió” la referencia a la negociación colectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución; a pesar de que este artículo se refería a los trabajadores del Sector Privado. 

En ese contexto, es pertinente recordar los parámetros que el Tribunal Constitucional ha establecido a la negociación colectiva