Innovación social y Sector Público. Potencialidad de una interacción virtuosa

Hay múltiples definiciones sobre innovación social. Básicamente tiene que ver con la solución de problemas sociales, que logran mejorar la vida de las personas; promovidos o desarrollados desde el Sector Privado o desde el Sector No Lucrativo (el Tercer Sector). Para ello se utilizan nuevos métodos, nuevos marcos conceptuales, nuevas formas de diseño de soluciones y se aprovechan nuevas relaciones. Se trata de la irrupción social de la Sociedad Civil, para enfrentar y solucionar problemas sociales, sin tener -necesariamente- la participación del Sector Público.

Tradicionalmente frente a problemas sociales o públicos, se había considerado que era el Estado o el Sector Público, el que debería enfrentar, asumir y solucionar tales problemas. Sin embargo, se han producido dos fenómenos en paralelo, en los últimos tiempos. Por un lado, los Estados, por efectos de los grupos de interés que los han cooptado, no necesariamente cumplen con dicho rol. En muchos casos han privilegiado lo que los “grupos de interés” buscaban.

Por otro lado, la "responsabilidad" frente a los problemas sociales y públicos ya no se considera exclusividad del Estado. Ahora se considera que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos tienen que mucho que decir y hacer sobre ellos. 

Buenas noticias sobre el Análisis de Impacto Regulatorio en el Perú.

Como es conocido, la mayoría de las entidades del Estado ejercen un rol regulador. Este rol lo pueden ejercer por la autoridad con que cuentan. En ejercicio de dicho rol dictan reglas (y utilizan diversos mecanismos de “enforcement”) a las que deben sujetarse las personas, las empresas u otras entidades del Estado. La regulación busca modificar, encauzar, determinar y/o ajustar la conducta de los sujetos señalados. Esto, con el fin de corregir algún problema en la sociedad.

Sin embargo, muchas veces ese rol regulador se ejerce sin criterios técnicos, sobre la base de creencias (como el poder “mágico” de las normas). Esto hace que la regulación no cumpla sus objetivos, o peor, genere efectos adversos a la sociedad.

Para enfrentar esta deficiencia, los países OECD han implementado lo que se conoce como “Regulatory Impact Analysis - RIA” (Análisis de Impacto Regulatorio). Este es un instrumento de análisis –ex ante– es decir previo a la dación de las leyes o de las normas en general.

El RIA es un proceso de análisis sistemático, donde se evalúan efectos esperados de diversas alternativas normativas (propuestas para resolver un problema social). Para la evaluación se pueden utilizar diferentes métodos de análisis, aunque el principal es el análisis costo/beneficio (análisis económico).

La Procuraduría General del Estado como mecanismo para promover una efectiva y eficiente defensa judicial de las entidades del Sector Público

Considerando que el Poder Judicial, en ejercicio de su función jurisdiccional, puede afectar la vigencia de normas jurídicas, establecer su alcance, interpretarlas, dictar mandatos de acción a las entidades del Sector Público, afectar políticas públicas y generarles gastos a las entidades del Sector Público; el rol de los Procuradores Públicos es fundamental.

Los Procuradores son los defensores de las entidades del Sector Público, en procesos judiciales. Son tan importantes, que seguramente por ello se encuentran previstos en el artículo 47° de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, considera a la Defensa Judicial del Estado; como un sistema administrativo (artículo 46). 

Este sistema administrativo, actualmente se encuentra desarrollado por el Decreto Legislativo N° 1326 (norma que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado).

A pesar de la importante labor de los procuradores públicos, su desempeño ha enfrentado un conjunto de problemas y limitaciones. En primer lugar, no necesariamente se aseguraba su independencia y muchas veces estaban sujetos a los vaivenes políticos y a los humores de las autoridades de turno (por la forma de designación y cese de estos funcionarios). 

Los abogados y su impacto en la Administración Pública. ¿Demasiado protagonismo?

Hace un par de semanas había publicado en este blog, un artículo sobre los abogados en las empresas, en el Sector Privado. Y uno de los temas que señalábamos era la importancia de su labor en la generación de valor en la empresa.

En ese contexto llamábamos la atención, que muchas veces quienes hacen gestión en la empresa privada no toman en cuenta la variable legal y el trabajo de los abogados y que éstos, muchas veces se quedaban ensimismados en su trabajo jurídico, sin abrirse a comprender el “negocio de la empresa” ni las posibilidades de creación de valor que estaban en sus manos. Por ello proponíamos una mayor participación de los abogados “en el negocio” y una mayor interacción con las áreas dedicadas directamente a ello.

Ahora queremos referirnos a los abogados en la Administración Pública y -para variar- encontramos que las cosas son radicalmente diferentes en el Sector Público.

En el Sector Público los abogados juegan un rol crucial e intenso y eso determina una fuerte cultura legalista, para todas las organizaciones estatales (más allá de los abogados). Esto seguramente se debe a que el Sector Público está altamente regulado.

A diferencia de los que sucede en el Sector Privado donde “lo que no está prohibido está permitido”, en el Sector Público sólo se puede actuar dentro del ámbito de competencias atribuidas por el sistema jurídico (lo que se conoce como el “principio de legalidad”).

Apuntes para mejorar la Gestión Pública Regional

Muchos consideramos que los gobiernos del nivel descentralizado, particularmente los gobiernos regionales, son las entidades más importantes del Sector Público; porque diversos servicios del Estado (como salud o educación, por ejemplo) son brindados directamente a los ciudadanos, por parte de dichas organizaciones. 

Para muchos ciudadanos el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo (o Gobierno Central, como se le llamaba antes) es algo lejano. Para muchos de nuestros compatriotas, la cara del Estado son los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

En ese contexto, la legitimidad del Estado, se juega en la cancha de la eficiencia y efectividad de los gobiernos regionales y por ello, debería ser una prioridad, promover la mejor gestión posible en dichas instancias de gobierno.

Una primera cuestión que puede afirmarse es que los problemas generales de la gestión pública en el Perú, también se dan en los gobiernos regionales:

1. Las limitaciones en nuestro sistema de planificación. En el Sector Público muchas veces se toman acciones por decisión puramente política o por puro gusto de la autoridad de turno, sin ningún tipo de análisis técnico. Esto significa que no necesariamente se ha analizado las necesidades de la ciudadanía, sus preferencias, las opciones de acción existentes, la capacidad para llevarlas a cabo o la sostenibilidad de las mismas.

Futura autoridad gubernamental, para implementar sus planes, tomar en cuenta lo siguiente

Se ha repetido múltiples veces la importancia del Estado y de su desempeño, para promover el desarrollo y bienestar de la sociedad. Es por eso que periódicamente, las elecciones nos dan la oportunidad de repensar el Estado, cuestionar su accionar, interesarnos en ello y hacer propuestas a quienes pretende acceder al poder.

Lo primero que llama la atención es el nivel de generalidad de los planes de gobierno que públicamente han planteado los candidatos. La mayoría de ellos constituyen declaraciones de principios y establecimiento de objetivos macro. Realmente no hay objetivos o metas más específicos, ni planes ni señalamiento de cómo se llevarán a cabo las propuestas o alcanzarán tales objetivos macro.

Se suelen encontrar frases como “mejorar la educación”, “reducir la pobreza”, “incrementar el empleo”, “combatir la corrupción”, “mejorar las prestaciones de salud”, “promover la micro empresa”, que así de generales y abstractas no podrían generar la oposición de persona alguna. En algunos casos, encontramos planes, donde se enfatiza el cambio normativo. Pareciera que se confía muchísimo en el poder de la voluntad o, en el de las normas, para lograr mover al aparato público y para cambiar la realidad existente.

Directivos empresariales y abogados. Unidos y comunicados para generar valor en la empresa

Hasta hace unos años, estuve dictando los cursos de Derecho Corporativo y Derecho Financiero en el MBA y en la Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico y en esa labor me di cuenta de los grandes desencuentros que podían existir entre la “gente del negocio” y los “asesores legales”.

Creo que de todas las promociones que dicté, solamente tuve uno o dos abogados alguna vez. Los estudiantes de estás maestrías suelen ser ingenieros, economistas, administradores, contadores, que ocupan posiciones intermedias en sus empresas, pero que se están preparando para asumir posiciones superiores. Dictar estos cursos era como jugar de visitante. En las clases solía encontrar dos tipos de estudiantes. Un primer grupo de “indiferentes”. Aquellos que no sabían nada de Derecho y por alguna razón, no les interesaba. 

Un segundo grupo eran los “negativos”. Muchas de las personas en este grupo habían tenido algún nivel de interacción con abogados o con otros operadores del Sistema Jurídico y su percepción sobre ambos era muy negativa. A los abogados los veían como sujetos lejanos, ensimismados en su disciplina, de verborrea altisonante llena de latinazgos y de falta de respuestas claras o determinantes. En otros casos, asociaban al Sistema Jurídico con problemas, con trámites, con procedimientos administrativos y procesos judiciales, de resultado incierto o dudoso o inclusive, con corrupción.