Futura autoridad gubernamental, para implementar sus planes, tomar en cuenta lo siguiente

Se ha repetido múltiples veces la importancia del Estado y de su desempeño, para promover el desarrollo y bienestar de la sociedad. Es por eso que periódicamente, las elecciones nos dan la oportunidad de repensar el Estado, cuestionar su accionar, interesarnos en ello y hacer propuestas a quienes pretende acceder al poder.

Lo primero que llama la atención es el nivel de generalidad de los planes de gobierno que públicamente han planteado los candidatos. La mayoría de ellos constituyen declaraciones de principios y establecimiento de objetivos macro. Realmente no hay objetivos o metas más específicos, ni planes ni señalamiento de cómo se llevarán a cabo las propuestas o alcanzarán tales objetivos macro.

Se suelen encontrar frases como “mejorar la educación”, “reducir la pobreza”, “incrementar el empleo”, “combatir la corrupción”, “mejorar las prestaciones de salud”, “promover la micro empresa”, que así de generales y abstractas no podrían generar la oposición de persona alguna. En algunos casos, encontramos planes, donde se enfatiza el cambio normativo. Pareciera que se confía muchísimo en el poder de la voluntad o, en el de las normas, para lograr mover al aparato público y para cambiar la realidad existente.

Frente a ello, los candidatos deberían ser conscientes de cómo funciona el Sector Público y de las restricciones a las que se enfrentarán, apenas asuman el mando del país.

En primer lugar, deben tener en cuenta el tema presupuestario. Ya se ha escrito bastante sobre el costo de algunas propuestas planteadas por los candidatos y el contexto de estrés fiscal que encontrarán. Es decir, un presupuesto con ingresos a la baja, dependiente cada vez más del endeudamiento y fuertes presiones para aumentar el gasto. Se pueden desarrollar acciones (que involucran gasto) sólo hasta el nivel de ingresos que se tengan.

Pero hay un tema presupuestario adicional a tener en cuenta. El presupuesto no solamente define la cantidad de ingresos disponibles y la capacidad máxima de gasto. El presupuesto es uno de los principales instrumentos de planificación, de asignación de recursos y de determinación de actividades en el Estado.

Dada la forma en que está diseñado el sistema presupuestario, el presupuesto de este año (2021) fue diseñado, elaborado y aprobado el año (2020). Seguramente este presupuesto 2021 refleja las prioridades, preferencias y estrategia del gobierno anterior (Vizcarra). En esa línea, durante su primer semestre de gobierno, las nuevas autoridades estarán ejecutando el presupuesto que fue diseñad y elaborado por otro gobierno. 

De hecho, el actual gobierno (Sagasti) tiene que diseñar y elaborar el presupuesto para el siguiente año (2022). El nuevo Gobierno tendrá apenas un mes, para revisar, ajustar y aprobar dicho presupuesto, para su remisión al Congreso (hasta el 30 de agosto). Entonces, una primera prioridad de las nuevas autoridades (en el gobierno y el Congreso) deberá ser, revisar la propuesta de presupuesto -en proceso- que heredará del Gobierno de Transición y de Emergencia.

Lo siguiente que deben tomar en consideración las nuevas autoridades, son el conjunto de reglas que se deben seguir (los sistemas administrativos, por ejemplo), para ejecutar actividades en el Sector Público. No basta que se dicten órdenes, declaraciones, que se exprese un deseo o que se emita una norma. Existe un frondoso y -para muchos- excesivo marco regulatorio que deben seguir los funcionarios y servidores públicos. Así, decisiones como construir un hospital, adquirir un satélite o, aumentar las horas de clase, pueden demorar meses (y hasta años), entre la expresión de la voluntad y su ejecución específica.

Finalmente, un tema no menos importante es el equipo, los cuadros con que puedan contar las nuevas autoridades. En la mayoría de los casos se conocen apenas una docena de nombres, unas pocas personas para las decenas de posiciones de dirección requeridas en el Poder Ejecutivo. 

Las nuevas autoridades deberán identificar rápidamente especialistas en diversas áreas de la política pública, determinar si realmente encajan con las políticas que quieran ejecutar y desarrollar relaciones de confianza con ellos. Difícilmente se podrán implementar las acciones planteadas políticamente, sin funcionarios y servidores capaces de dirigir el aparato público. El reto es grande, porque todo ello dependerá de las ideas a implementar y el nivel de confianza que pueda establecerse. 

Las nuevas autoridades necesitan lidiar con los riesgos señalados. De lo contrario sus declaraciones, políticas y planes quedarán como puros enunciados y promesas, que sumarán a la larga lista de frustraciones de la ciudadanía con el Estado. El otro escenario, el peor de ellos, es que se gestione inadecuadamente, desperdiciando (más) los recursos del Estado.