Una persona común, cuando quiere adquirir un activo importante (como un inmueble o un vehículo) puede actuar de tres maneras, para obtener los recursos que necesita: ahorra (o utiliza sus ahorros existentes), se endeuda (con un tercero) o, una mezcla de ambas.
La pérdida de ese activo por un evento ajeno, es un evento traumático (un shock) para las personas afectadas, porque por un lado, significa que nuestros ahorros se han perdido (o (mantenemos una deuda) y; por otro que ya no obtendremos los beneficios que pensábamos obtener con dicho activo (mayor bienestar, mayores ingresos o ahorros). En muchos casos, la pérdida de ese activo será irreparable, si la persona no tiene recursos para reemplazarlo. Además, esta pérdida puede cambiar la situación económica de una persona y su familia; llevándola a la pobreza o peor aún, anulando sus opciones de salir de ella.
Frente a ello, las personas tenemos la opción de tomar seguros contra daños. En un seguro, pagamos una cuota (llamada prima); a cambio de que un tercero (la compañía de seguros) asuma el costo económico del daño; si este se produce. Con un seguro asumimos un costo hoy, que resulta muy inferior al impacto dañino que podría suceder (en el futuro).
Si el impacto de la pérdida de un activo es grande en una persona o en una familia, imagine el impacto que puede tener en un país, si sus activos, su infraestructura pública son afectados, disminuidos o destruidos por un evento ajeno (desastres naturales, por ejemplo).
El daño es muy grande porque afecta la conectividad del país y porque dicha infraestructura generalmente es la base sobre la cual el Estado presta servicios a los ciudadanos. Por tanto, también se afectan los servicios.
Así como una persona se afecta económicamente, lo mismo sucede con un Estado, que tiene que destinar parte de sus ingresos (presupuesto) o de sus ahorros; para reconstituir dicha infraestructura. El problema se agrava si el Estado no tiene ingresos o ahorros suficientes para financiar la reconstrucción (situación altamente probable). El país se queda sin infraestructura y sin servicios, o los reconstruye más lentamente; o se tiene que resignar a tener un nivel de servicios menor al preexistente.
Se ha estimado que los costos de la reconstrucción del norte (luego del “Niño Costero” del 2017) serían de 33 mil millones de soles aproximadamente (alrededor de 10 mil millones de dólares). Este monto equivale –más o menos- al 20% del presupuesto total del Sector Público del presente año. Todavía no conozco proyecciones de la reconstrucción de Moquegua, pero seguramente será un monto importante.
Evidentemente, obtener estos recursos generará una situación de estrés fiscal. Para tal efecto el Estado deberá buscar la generación de ahorros en el presupuesto (afectando recursos ya asignados a las entidades), utilizar los ahorros existentes o; recurrir al endeudamiento externo. Probablemente la situación de estrés sería menor, de contarse con un seguro. No solamente se tendría la cobertura, sino también, la disponibilidad inmediata de recursos para el reemplazo o la reconstrucción de los activos afectados.
En ese contexto, sería razonable iniciar la evaluación de seguros para cubrir daños a nuestra infraestructura pública. Por la estabilidad fiscal y por la sostenibilidad de los servicios que deben brindarse a los ciudadanos.
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