Obras por Impuestos .... un modelo para analizar.

En la gestión pública tradicional el desarrollo e implementación de una infraestructura (inversión pública) requiere que el Estado tenga previamente disponibilidad de recursos (obtenidos vía tributos o endeudamiento) y, además, que para su gasto se cumplan las disposiciones de una serie de sistemas administrativos: inversión pública, presupuesto y abastecimiento (contrataciones). Un estudio realizado el 2011 por Mayen Ugarte, María Inés Celle y Neride Sotomarino (CIES/GOVERNA) señalaba que dada la interacción establecida entre los sistemas administrativos, el desarrollo e implementación de la infraestructura podía demorar tres años …., en el mejor escenario. 

En este artículo no voy a referirme a los sistemas administrativos ni sobre su necesaria optimización. Voy a tratar el mecanismo denominado “Obras por Impuestos” (OXI), que –en mi opinión– aminora los problemas señalados y reduce los tiempos de desarrollo e implementación de la infraestructura.

El mecanismo OXI es una modalidad de ejecución de la inversión pública, donde una entidad privada ejecuta el proyecto, con sus propios recursos (financia con recursos privados). El valor (cantidad) destinado por la entidad privada en la ejecución del proyecto puede ser utilizado para efectos del pago del Impuesto a la Renta que corresponda a dicha entidad. 

Este mecanismo puede ser utilizado por entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, para la ejecución de diversos tipos de infraestructura. Esto incluye el proyecto o la obra en sí, pero también puede alcanzar a los estudios preinversión, la supervisión de la obra, así como su mantenimiento y operación.

Para poder utilizar el mecanismo OXI, la entidad estatal requiere que se le asigne un monto, contra su presupuesto, que pueda ser utilizado para dicha modalidad (este es un monto, que se considera parte de su presupuesto). Luego, se requiere suscribir un convenio de inversión con una entidad privada, que tenga que pagar Impuesto a la Renta.

Cuando el proyecto (la obra) se ha ejecutado, se otorga la conformidad y la recepción del mismo y contra ello, se emiten los certificados de inversión. Estos certificados serán utilizados por la entidad privada, para el pago de su Impuesto a la Renta. Los montos de dichos certificados se consideran que han sido cantidades “gastadas” por la entidad pública involucrada y se imputan a su presupuesto.

Este sistema se percibe como ventajoso, porque permite al Estado “adelantar” la ejecución de proyectos de inversión antes de la percepción efectiva de los ingresos provenientes del Impuesto a la Renta. Además de ello, dado que la ejecución de la obra se realiza por una entidad privada con sus recursos, ella no se tiene que realizar con las reglas del sistema de abastecimiento (ni de contrataciones), lo cual permite ahorros de tiempo y mayor flexibilidad. Por otro lado, las entidades privadas parecen interesadas en el sistema, porque la ejecución de inversión pública bajo este esquema, les permite completar sus acciones propias, de responsabilidad social o de relacionamiento con la comunidad. 

Este sistema parece alinear los intereses del sector público y el sector privado En los proyectos OXI, las entidades privadas tienen el interés de realizar el proyecto de la manera más eficiente posible frente al Sector Público, que tiene el interés en que la obra se realice lo más rápido posible.  Finalmente, las oportunidades de corrupción parecen reducirse en este contexto, porque no hay uso directo de dinero en efectivo, hay más flexibilidad en la contratación y las entidades estatales no participan durante la etapa de ejecución de los proyectos.