jueves, 3 de noviembre de 2016

Aportes para la Comisión Presidencial de Integridad.

Hace un par de semanas el Gobierno creó una comisión consultiva denominada “Comisión Presidencial de Integridad”, con el objeto de proponer medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública con la finalidad de prevenir y sancionar la corrupción. Su presidente, Eduardo Vega, ha anunciado que se enfocarán en cinco temas: i) la impunidad y cómo revertirla, ii) el fortalecimiento de la denuncia y mecanismos de protección a los denunciantes, iii) métodos de transparencia, iv) las contrataciones y adquisiciones del Estado; y v) casos de conflicto de interés.

Si bien la Comisión tiene el mandato de y la presión de proponer “medidas concretas” anticorrupción, considero necesario establecer un marco teórico que explica la corrupción. Teniendo ello claro, será más ordenado, preciso y fácil, plantear medidas anticorrupción. A continuación se presentará un modelo de explicación de la corrupción a partir de la teoría del principal – agente.

El Estado en todos sus niveles, es un conjunto complejo de organizaciones, que ha sido creado por los ciudadanos, para proteger y promover su propio bienestar y satisfacer sus diversas necesidades. Sin embargo, sería imposible que toda la ciudadanía en conjunto maneje, administre o gestione directamente tal conjunto. Ello sería inviable dados los costos de coordinación y negociación que involucraría.

Por ello, los países y las sociedades han creado estructuras administrativas (que se denominan de manera genérica “Administración Pública”) para realizar la conducción y gestión de este conjunto de organizaciones (Estado). 

Las personas que integran dichas estructuras son autoridades políticas, autoridades funcionales, funcionarios y empleados en general. Estos sujetos constituyen verdaderamente “agentes” o “administradores” del Estado y tienen la característica esencial de dirigir, gerenciar, administrar y manejar bienes, recursos, servicios e intereses que nos son propios, sino que pertenecen a la ciudadanía en general. 

Estos agentes o administradores deben administrar dichos recursos, que no les pertenecen, buscando fomentar, alcanzar y maximizar el interés y el beneficio del Estado y en última instancia; aquel de los ciudadanos. 

Entonces, de manera general, se pueden apreciar dos grupos vinculados al funcionamiento del Estado: 

i) los ciudadanos, que son sus fundadores y titulares y, 

ii) los agentes y administradores (políticos, altos funcionarios, servidores civiles en general), que son los que lo conducen efectivamente. 

Dado que se han formado dos grupos distintos y que no necesariamente son homogéneos, entre ellos se puede generar una discrepancia de intereses. En este contexto se presentan otros factores adicionales:

• Conducta oportunista de los administradores o agentes (políticos, altos funcionarios, servidores civiles). En esta teoría se entiende que dichos administradores o agentes no van a perseguir necesariamente los intereses que beneficien a la ciudadanía o colectividad, a menos que exista una buena razón para ello. Como derivado de este postulado, se afirma que los administradores o agentes, dada su comunidad de intereses, se constituyen como uno o varios grupos de interés, que actuarán colectivamente; tratando de conseguir normas, actividades o medidas políticas que les favorezcan a expensas del resto de la ciudadanía.

• Asimetría de información. Son los administradores del Estado (políticos, altos funcionarios y servidores en general) quienes tienen mayor conocimiento y experiencia sobre las actividades que realizan y, sobre el valor de las funciones y actividades que desempeñan. La ciudadanía (Principal de esta relación), usualmente posee un menor grado de información; porque no puede o le es muy es muy costoso informarse.

• Traslado de costos de la corrupción al principal (el Estado y la ciudadanía). Esto equivale al ingreso, bienes, prerrogativas, derechos o riqueza que son reasignados o transferidos del Principal (el conjunto de ciudadanos) a los administradores (políticos, altos funcionarios, servidores) . En esta situación, únicamente mejora el nivel de bienestar de los administradores, ya que estos no asumen ningún costo o no realizan ningún esfuerzo adicional que amerite la percepción de dichos beneficios.

Estas circunstancias o causas, en conjunto, conllevan a que los administradores o agentes no cumplan el rol que realmente les corresponde (a esto, la teoría le llama problema de agencia). Este problema de agencia puede tener muchas manifestaciones y traducirse en la realización de actividades, políticas, normas y regulaciones que no benefician necesariamente a los ciudadanos, sino únicamente a dichas autoridades y funcionarios, o a los grupos de interés específicos con quienes están vinculados. 

Estas conductas pueden ir desde la inacción pura, la actuación negligente, la ineficacia, la actuación dolosa y llegar hasta la corrupción abierta. El Problema de Agencia genera una serie de costos a la ciudadanía y al propio Estado, que tienen por efecto una reducción en el nivel de bienestar de la sociedad …… (CONTINUARÁ)….

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