Hace un par de semanas el Gobierno creó una comisión consultiva denominada “Comisión Presidencial de Integridad”, con el objeto de proponer medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública con la finalidad de prevenir y sancionar la corrupción. Su presidente, Eduardo Vega, ha anunciado que se enfocarán en cinco temas: i) la impunidad y cómo revertirla, ii) el fortalecimiento de la denuncia y mecanismos de protección a los denunciantes, iii) métodos de transparencia, iv) las contrataciones y adquisiciones del Estado; y v) casos de conflicto de interés.
Si bien la Comisión tiene el mandato de y la presión de proponer “medidas concretas” anticorrupción, considero necesario establecer un marco teórico que explica la corrupción. Teniendo ello claro, será más ordenado, preciso y fácil, plantear medidas anticorrupción. A continuación se presentará un modelo de explicación de la corrupción a partir de la teoría del principal – agente.
El Estado en todos sus niveles, es un conjunto complejo de organizaciones, que ha sido creado por los ciudadanos, para proteger y promover su propio bienestar y satisfacer sus diversas necesidades. Sin embargo, sería imposible que toda la ciudadanía en conjunto maneje, administre o gestione directamente tal conjunto. Ello sería inviable dados los costos de coordinación y negociación que involucraría.
Por ello, los países y las sociedades han creado estructuras administrativas (que se denominan de manera genérica “Administración Pública”) para realizar la conducción y gestión de este conjunto de organizaciones (Estado).
Las personas que integran dichas estructuras son autoridades políticas, autoridades funcionales, funcionarios y empleados en general. Estos sujetos constituyen verdaderamente “agentes” o “administradores” del Estado y tienen la característica esencial de dirigir, gerenciar, administrar y manejar bienes, recursos, servicios e intereses que nos son propios, sino que pertenecen a la ciudadanía en general.
Estos agentes o administradores deben administrar dichos recursos, que no les pertenecen, buscando fomentar, alcanzar y maximizar el interés y el beneficio del Estado y en última instancia; aquel de los ciudadanos.
Entonces, de manera general, se pueden apreciar dos grupos vinculados al funcionamiento del Estado:
i) los ciudadanos, que son sus fundadores y titulares y,
ii) los agentes y administradores (políticos, altos funcionarios, servidores civiles en general), que son los que lo conducen efectivamente.
Dado que se han formado dos grupos distintos y que no necesariamente son homogéneos, entre ellos se puede generar una discrepancia de intereses. En este contexto se presentan otros factores adicionales:
• Conducta oportunista de los administradores o agentes (políticos, altos funcionarios, servidores civiles). En esta teoría se entiende que dichos administradores o agentes no van a perseguir necesariamente los intereses que beneficien a la ciudadanía o colectividad, a menos que exista una buena razón para ello. Como derivado de este postulado, se afirma que los administradores o agentes, dada su comunidad de intereses, se constituyen como uno o varios grupos de interés, que actuarán colectivamente; tratando de conseguir normas, actividades o medidas políticas que les favorezcan a expensas del resto de la ciudadanía.
• Asimetría de información. Son los administradores del Estado (políticos, altos funcionarios y servidores en general) quienes tienen mayor conocimiento y experiencia sobre las actividades que realizan y, sobre el valor de las funciones y actividades que desempeñan. La ciudadanía (Principal de esta relación), usualmente posee un menor grado de información; porque no puede o le es muy es muy costoso informarse.
• Traslado de costos de la corrupción al principal (el Estado y la ciudadanía). Esto equivale al ingreso, bienes, prerrogativas, derechos o riqueza que son reasignados o transferidos del Principal (el conjunto de ciudadanos) a los administradores (políticos, altos funcionarios, servidores) . En esta situación, únicamente mejora el nivel de bienestar de los administradores, ya que estos no asumen ningún costo o no realizan ningún esfuerzo adicional que amerite la percepción de dichos beneficios.
Estas circunstancias o causas, en conjunto, conllevan a que los administradores o agentes no cumplan el rol que realmente les corresponde (a esto, la teoría le llama problema de agencia). Este problema de agencia puede tener muchas manifestaciones y traducirse en la realización de actividades, políticas, normas y regulaciones que no benefician necesariamente a los ciudadanos, sino únicamente a dichas autoridades y funcionarios, o a los grupos de interés específicos con quienes están vinculados.
Estas conductas pueden ir desde la inacción pura, la actuación negligente, la ineficacia, la actuación dolosa y llegar hasta la corrupción abierta. El Problema de Agencia genera una serie de costos a la ciudadanía y al propio Estado, que tienen por efecto una reducción en el nivel de bienestar de la sociedad …… (CONTINUARÁ)….
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