sábado, 22 de octubre de 2016

Combatiendo la corrupción con normas: ¿instrumento efectivo?

Escribo este artículo cuando acaba de publicarse el Decreto Legislativo N° 1213, llamada “Ley de la Muerte Civil”. En términos muy básicos, esta norma agrava las consecuencias de cometer delitos contra la Administración Pública (delitos que comúnmente identificamos como “corrupción”).

Llama la atención esta respuesta del Gobierno al problema de la corrupción. Se brinda una solución meramente jurídica, enfocada en el endurecimiento de la sanción y sus efectos (a través de normas); ignorando la teoría del “Cumplimiento de las Normas” (Public Enforcement of the Law) desarrollada desde la Economía y el Análisis Económico del Derecho (Becker, Polinsky, Cooter y Uhlen).

De manera muy simplificada, dicha teoría señala que si queremos evitar que una conducta indeseada (una infracción administrativa o un delito) se produzca, tenemos que hacer que el infractor sienta que el beneficio de su conducta es inferior al castigo esperado. Siendo el infractor, un individuo racional, no incurrirá en la conducta indeseada (o reducirá su magnitud), cuando el castigo esperado es superior al beneficio que recibiría. El infractor o delincuente, como cualquier persona, actúa movido por el costo-beneficio.

Veamos un simple ejemplo numérico. Si el beneficio de cometer un acto de corrupción es como de 10, pero el castigo esperado es como de 4, el delincuente tendrá un gran incentivo para cometer actos de corrupción. Sin embargo, si el costo (castigo esperado) va subiendo (digamos a 7 o 9) dichos incentivos se reducen. Si luego dicho costo (castigo esperado) sube a 11, el infractor o delincuente perderá incentivos para realizar la conducta indeseada (el acto de corrupción).

Hay que tener en cuenta que el castigo esperado depende del valor de la sanción (multa, la pena) y de la probabilidad de que la sanción se haga efectiva. El castigo esperado es una multiplicación del valor nominal de la sanción por la probabilidad de que esta se haga efectiva. En nuestro ejemplo, el castigo esperado de 4 podría estar definido por una sanción nominal de 40 multiplicada por una probabilidad de 10% de aplicación efectiva de la sanción (40 x 0.10 = 4).


El valor de la sanción es el establecido en las normas (leyes y códigos) mientras que la probabilidad de que se haga efectiva depende del funcionamiento real y eficacia de las organizaciones (autoridades administrativas, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras) que tienen que hacer cumplir el marco jurídico y las sanciones impuestas (enforcement). 

En nuestro ejemplo, para que las infracciones o el delito dejen de ser “rentables”, el castigo esperado deberá ser superior a 10. Esto se puede lograr si el valor de la sanción se incrementa más de 2.5 veces o si la probabilidad de su imposición es mayor a 25%.

Sanción incrementada más de 2.5 veces: 2.6 x 40 x 0.10 = 10.4 (mayor que el beneficio de 10).

Probabilidad que aumenta a más de 25%: 40 x 0.26 = 10.4 (mayor que el beneficio de 10).

Para lograr el efecto disuasivo (preventivo) de conductas indeseadas, el sistema sancionador debe considerar el valor de la sanción y la probabilidad de imposición. El agravamiento radical de una sanción puede perder su efecto, si la probabilidad de su imposición se reduce. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, imaginemos que aumentamos al triple el valor de la sanción, pero que la probabilidad de su imposición se reduce en una cuarta parte. Numéricamente esto se vería así: 3 x 40 x 0.075 = 9. En este caso, el castigo esperado (9) sigue siendo menor al beneficio (10); por tanto, no habrá mayor efecto de disuasión. Nótese como una sanción que se ha endurecido 3 veces resulta inocua cuando la actuación de las entidades estatales empeora y hace que la probabilidad de sanción se reduzca (en una cuarta parte).

Tengo la impresión de que en nuestro país, cuando queremos disuadir conductas indeseadas (infracciones o delitos), solemos recurrir al agravamiento de sanciones (a través de normas) como única solución. Olvidamos poner énfasis en el funcionamiento de organizaciones que tienen que hacer cumplir sistema sancionador. Como consecuencia de esto, la probabilidad de imposición de sanciones se reduce y destruye el efecto que se quería obtener con la mayor sanción.

Dictar normas es relativamente simple (más aún, si se cuenta con delegación de facultades legislativas). Urge trabajar en la mejora de las entidades estatales encargadas del “enforcement” de los sistemas sancionadores. Aquí está el reto del gobierno y es donde debería enfocarse.

2 comentarios:

  1. Considero que en nuestro país lo que falta no son normas o leyes que regulen o sancionen el mal accionar de los personas en su conjunto, sino que, las propias entidades son quienes la fomentan de una u otra forma, con sentencias desproporcionados en relación a los delitos que cometen o la impunidad bochornoso que hoy en día existe en el sistema.
    Comparto la idea cuando hace mención que ante cualquier conducta indeseada que de hecho generará sanción, esta debe ser mucho mayor ante los beneficios que reciba al cometerlos, situación que en la actualidad poco o nada ocurre, creo que aún estamos a tiempo para cambiar la situación actual como país, pero no solo enfocándose en aumentar penas o sanciones, sino también, en mejorar el sistema como tal, hacer que las instituciones en pocas palabras hagan su chamba.

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  2. Considero que en nuestro país lo que falta no son normas o leyes que regulen o sancionen el mal accionar de los personas en su conjunto, sino que, las propias entidades son quienes la fomentan de una u otra forma, con sentencias desproporcionados en relación a los delitos que cometen o la impunidad bochornoso que hoy en día existe en el sistema.
    Comparto la idea cuando hace mención que ante cualquier conducta indeseada que de hecho generará sanción, esta debe ser mucho mayor ante los beneficios que reciba al cometerlos, situación que en la actualidad poco o nada ocurre, creo que aún estamos a tiempo para cambiar la situación actual como país, pero no solo enfocándose en aumentar penas o sanciones, sino también, en mejorar el sistema como tal, hacer que las instituciones en pocas palabras hagan su chamba.

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