Uno de los elementos claves para el desarrollo es la existencia de un Estado que brinde regulación y servicios de calidad al país. Evidencia internacional muestra que no se produce el desarrollo de los países, al margen del Estado o donde existe uno disminuido o ineficiente.
En las últimas décadas hemos realizado diversos esfuerzos que han buscado –de una manera u otra– mejorar el desempeño de nuestro Estado. Así, hemos visto iniciativas en simplificación administrativa, reorganización de entidades públicas, descentralización, creación o desarrollo de sistemas administrativos, entre otros.
Por otro lado, nuestro Estado ha tenido sostenidamente mayores recursos presupuestales. Igualmente, en materia de personal, ha aumentado consistentemente el gasto y el número de servidores. En promedio, del 2000 al 2011, anualmente ingresaron cerca de 40.000 personas a trabajar al sector público y el gasto en personal aumentó en alrededor de S/1.000 millones por año. Mientras que el 2004 teníamos cerca de un millón de servidores civiles, para el 2014 teníamos ya un millón cuatrocientos mil. En el 2014, el gasto de personal fue superior a los S/38.000 millones, frente a casi S/22.000 millones en el 2009. Esto implica un crecimiento de más del 72% en cinco años.
Pese a los diversos esfuerzos por mejorar, reformar y modernizar el Estado, los mayores recursos y el mayor número de personal, no se aprecia mejoría en su desempeño. Si observamos indicadores internacionales, advertiremos en qué situación nos encontramos. El Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial señala que el Perú se ubica en el puesto 116 entre 140 países con respecto a la calidad de sus instituciones. Además, indica que nuestra mayor dificultad para hacer negocios es la “burocracia gubernamental ineficiente”.
Esto constituye un resultado contrario al que uno esperaría. Cualquier organización, con mayores recursos, debería mejorar la calidad y cobertura de las prestaciones y servicios brindados. Pero ello no ocurre con el Estado Peruano.
Viendo esta paradoja, en los últimos años se ha tomado conciencia de que los servidores públicos constituyen el factor fundamental, el elemento clave del cual depende –en gran medida– el movimiento, la acción y el desempeño del Estado. De nada sirven meros cambios normativos o mayores recursos si no se cuenta con servidores idóneos, que hagan realidad las políticas públicas contenidas en normas, planes, programas y presupuestos.
Pese a su importancia, la situación de los recursos humanos en el Estado Peruano se ha ido complejizando, desordenando y distorsionando en el tiempo. Coexisten diferentes regímenes (decretos legislativos 276, 728 y 1057) que determinan la existencia de servidores con diferentes condiciones en ingreso al servicio, estabilidad en el empleo, remuneraciones, despido y disciplina; generándose incentivos distintos en el trabajo que realizan. Al existir diferentes regímenes, coexiste la excesiva rigidez de algunos; con la mayor flexibilidad de otros. Además, el mérito y el desempeño no han sido factores presentes en el Estado. Esto ha conllevado que no se reclute ni se mantenga en el servicio a los más calificados, a los más motivados ni a los de mejor desempeño. Por ello, para mejorar al Estado, se debe enfrentar el problema de los recursos humanos y hacer efectiva la reforma del servicio civil.
Si bien la reforma no se inicia con la dación de la Ley del Servicio Civil, probablemente constituye su hito más importante, ya que completa el marco legal que regula integralmente todos los aspectos del sistema de recursos humanos, establece un nuevo régimen de servicio civil (con carácter general y unificado) y, prevé los mecanismos para la migración progresiva de los servidores al mismo.
Su implementación, sin embargo, constituye un reto enorme, dado que se tiene que hacer efectiva sobre más de medio millón de personas, en cerca de 2.000 entidades. Esto, en un contexto de marcada heterogeneidad de capacidades, de un importante esfuerzo fiscal para su implementación y de una escala de actividades que prácticamente no tiene precedentes en el Estado Peruano.
Este reto debe ser enfrentado por el siguiente gobierno. No obstante, muy pocos candidatos lo han considerado como prioridad. No han tomado conciencia de que sus planes de gobierno y programas dependen en gran medida de los servidores que tendrán que realizarlo.
Ante ello, debemos exigirles compromiso político con la reforma, reforzamiento de los equipos técnicos encargados de su ejecución, presupuesto adecuado y, sobre todo, no perder de vista su objetivo: la modernización del Estado Peruano para un mejor servicio al ciudadano.
Postergar esta reforma implica mantener un Estado deficiente y retrasar las oportunidades de desarrollo de los peruanos.
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