domingo, 22 de octubre de 2017

Regulación Administrativa (Poder de Policía del Estado) y Seguros Privados. Posible complementariedad virtuosa.

Artículo dedicado a mis colegas Patricia Balbuena, Norma Correa y Gisselle Romero. Sus ideas sobre innovación en el Sector Público, motivan a pensar diferente, por un Estado mejor; buscando el bienestar de la sociedad.

El Poder Policía constituye una de las manifestaciones de la Función Administrativa del Estado. Esta consiste en la ordenación, regulación, limitación de derechos, para articularlos, coordinarlos, adecuarlos al interés general, público o derechos o intereses legítimos de otros ciudadanos. A estas función también se le conoce como "Regulación Administrativa".

La Regulación Administrativa o el Poder de Policía se fundamenta esencialmente en el riesgo o en la prevención de éste, frente a actividades desarrolladas por los ciudadanos que pudieran afectar a otros. Para tal efecto, el Estado actúa efectiva o positivamente, con mecanismos previos o posteriores, para hacer efectivas dichas limitaciones de derechos.

La forma más común en que el Estado ejerce su Poder de Policía es a través de intervenciones ex – ante. Es decir, previas a la actuación del ciudadano. En este rubro encontramos a las autorizaciones, licencias y permisos.

Tradicionalmente, los mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos están diseñados de manera tal, que es el propio Estado quien define normativamente los riesgos, las medidas preventivas necesarias a asumirse, los mecanismos de mitigación de riesgos y; verifica (administrativamente) su cumplimiento. En la perspectiva tradicional todo lo define, establece y administra el Estado. Con sus recursos, sus procedimientos y su personal.


Debido a que justamente estos mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos se realizan directamente por el Estado (con sus recursos, procedimientos y personal), su efectividad real queda sometida a las limitaciones propias que las organizaciones estatales enfrentan.

Considero que tales mecanismos (autorizaciones, licencias y permisos) podrían simplificarse para el Estado y el ciudadano y –sin embargo– potenciarse en cuanto a su finalidad de prevención de riesgos; utilizando el mercado, a través del mecanismo de seguros.

A través de los seguros una empresa aseguradora otorga la cobertura de un riesgo y se compromete a pagar una indemnización si este se produce. Obviamente esto no se produce de manera gratuita, sino que, a cambio de dicha cobertura, el asegurado debe pagar una prima.

En mi opinión, el Estado podría simplificar los mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos -en cuanto a procedimientos y requisitos- si se exigieran únicamente seguros. Con esto, una serie de operaciones materiales como inspecciones, evaluaciones y similares ya nos serían tendrían que ser realizadas necesariamente por el Estado (con el consiguiente ahorro de recursos y ganancias de eficiencia). Por otro lado, el ciudadano ya no tendría que lidiar principalmente con Estado sino, con compañías privadas (lo cual también generaría un ahorro de recursos para el Sector Privado).

Adicionalmente, el mercado de seguros “ajustaría” los niveles de riesgos producidos, en función  a los distintos sujetos, y a las distintas actividades realizadas, a través del valor de la prima. De este modo, actividades más riesgosas o sujetos más irresponsables (o con mal record de diligencia) pagarían más como prima del seguro. Esto reduciría en el mercado, el número de participantes excesivamente riesgosos o que no sean aptos de cumplir determinados estándares de seguridad.

Otra ventaja sería la cobertura cierta del riesgo, a través de una indemnización. La autorización, licencia o permiso tradicional busca prevenir el riesgo, pero si este ocurre, no tiene garantizada la indemnización.

Finalmente, el mecanismo de seguros facilitaría la supervisión y fiscalización del Estado, ya que solamente se tendría que verificar la vigencia del seguro.


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