jueves, 17 de noviembre de 2016

Incendios, riesgos y sobreregulación: poniendo las cosas en su real dimensión

El incendio ocurrido recientemente en Larcomar y la lamentable pérdida de vidas ha reactivado la discusión sobre el rol del Estado en la verificación de riesgos de las edificaciones y de las actividades económicas. En ese contexto he escuchado voces que pretenden incrementar, mejor dicho, exacerbar; la regulación administrativa existente sobre dichos temas.

Creo que hay que poner las cosas en contexto y no reaccionar “en caliente”. Lo digo porque estoy seguro que pronto aparecerán proyectos de ley aumentando (o como dije: exacerbando), la regulación administrativa sobre edificaciones o sobre el desarrollo de actividades económicas.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que no existe nada seguro en la vida ni actividades libres de riesgo de manera absoluta. Toda actividad humana implica algún nivel de riesgo, es decir, una probabilidad (alta o baja) de que un evento negativo (una externalidad, como dirían los economistas), ocurra. Frente a ello, lo socialmente deseable es reducir la probabilidad de ocurrencia del accidente, del daño, de la externalidad (a través de diversos instrumentos) y contar con recursos para compensar a las víctimas y revertir los efectos del mismo (cuando este se produzca).

Una de las formas que las sociedades han inventado para enfrentar estos daños se da a través del Estado, cuando ejerce lo que en Derecho Administrativo se conoce como “Actividad de Policía” (también llamada reguladora o limitativa). 

Para ejercer la Actividad de Policía, el Estado utiliza instrumentos como la delimitación normativa de las actividades, donde se establecen los parámetros, condiciones y limitaciones que afectan a las actividades de los privados. Además, el Estado cuenta con mecanismos de autorización, permiso o controles previos (ex – ante), mediante los cuales se hace efectiva la delimitación normativa y se verifica que se cumplan los parámetros, condiciones y limitaciones establecidas normativamente; antes de que la actividad se realice. Finalmente, el Estado cuenta con mecanismos de supervisión, fiscalización y sanción para reforzar el cumplimiento de la delimitación normativa, cuando la actividad ya está realizándose.

Las licencias de edificaciones, de funcionamiento, las inspecciones técnicas de seguridad son manifestaciones del control previo que el Estado puede efectuar al realizar la Actividad de Policía. Estos constituyen lo que comúnmente se llaman trámites administrativos (y se materializan en procedimientos administrativos y actos administrativos).

Como decíamos al comenzar este artículo, el incendio en Larcomar ha reactivado la discusión sobre la forma en que el Estado debe regular las actividades de los privados. En mi opinión la discusión está tomando un rumbo equivocado. Lo que he escuchado hasta el momento se enfoca en mayor regulación, expresada en mayor delimitación normativa y –sobre todo– en mayores mecanismos de autorización, permiso o controles previos (ex – ante).

El problema con la mayor regulación (en la versión de mayor regulación normativa y mayores controles previos) es que le generan costos a quien quiere realizar una actividad y la paralizan. Eliminamos el riesgo eliminando totalmente la actividad. Lamentablemente, con ello también eliminamos los beneficios que las actividades de los privados generan (o los empujamos a la informalidad). Otro problema que generamos con esta mayor regulación, es la mayor intervención de funcionarios estatales y exponemos todo el sistema al problema de agencia que afecta a las organizaciones del Estado.

La solución no son los controles previos. Los permisos, licencias y autorizaciones administrativas (control previo) son efectivas solamente por un corto tiempo. Son “la foto de ayer”. Luego de obtenidas dichas autorizaciones las condiciones pueden cambiar radicalmente. Por ello, las autorizaciones administrativas podrían y deberían simplificarse. De hecho, existen países donde éstas no existen o efectivamente son muy simples. La clave parece estar en las actividades de supervisión, fiscalización y sanción que el Estado debe realizar. Seamos claros. Nuestro Estado no realiza estas actividades. No está preparado y parece no estar interesado en ello.

Para la burocracia es más fácil exigir al ciudadano que vaya a su oficina y pida algo, que salir a la calle y verificar si las normas se están cumpliendo. Siendo esto así podremos establecer más trámites, más complicados, más frecuentes; pero no garantizaremos menores riesgos ni menores externalidades.

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