jueves, 12 de febrero de 2015

Qué es la corrupción? Por qué debemos combatirla?

Corrupción es el uso de los medios y recursos del Estado, con fines privados. Es la apropiación privada de recursos, funciones y actividades que son públicas (son de todos). También puede ser definido como el uso del poder público, para obtener un beneficio privado.

La corrupción entonces, consiste en torcer el canal de un recurso, una acción o una función del Estado, desviándola, para beneficiar el interés privado de una o varias personas. En ese contexto, la corrupción implica el abandono de las finalidades primordiales del Estado (que son la persona y el servicio al ciudadano), para pasar a utilizar dicha estructura formal (el Estado) con fines particulares (robo, apropiación). 

Las prácticas de corrupción pueden ser muy variadas y complejas. Así, se puede clasificar tales prácticas en: a) pequeña corrupción, b) gran corrupción y c) corrupción institucionalizada. 

La pequeña corrupción está constituida por prácticas que vistas individualmente son de montos bajos, pero que afectan a la ciudadanía en su vida diaria y en el ejercicio regular de sus derechos. Aquí tenemos pequeñas coimas o “regalos” entregados a funcionarios o servidores estatales para que cumplan o “dejen de cumplir” las funciones que les corresponden. 


En la práctica peruana esto se puede apreciar en las interacciones con los servicios de salud, la matrícula en los colegios, los secretarios de juzgado, la policía de tránsito, entre otros.

La gran corrupción está asociada a prácticas de algunos funcionarios de alto nivel, que dada su función desvían y se aprovechan de recursos estatales en gran magnitud. La historia peruana está plagada de estos ejemplos, desde los inicios de la República. Así por ejemplo tenemos el caso de la “consolidación de la deuda interna” derivada de la guerra de la independencia, el contrato Dreyfus vinculado a la era del guano, entre muchos otros.

Bajo esta perspectiva, el caso extremo resulta ser la corrupción institucionalizada. En este caso, los altos funcionarios del Estado han establecido sólidas relaciones (o asociaciones) con actores del Sector Privado y toman o “capturan” al Estado (así como sus recursos, funciones y actividades), para hacer “negocios” y extraer beneficios.

La corrupción, bajo cualquier perspectiva, termina afectando la calidad del gobierno, los derechos de los ciudadanos y sus posibilidades de desarrollo (porque afecta el ejercicio de sus actividades o su ingreso en los mercados). En un contexto de corrupción,  los grupos más vulnerables terminan siendo afectados en mayor medida, porque no tienen los contactos necesarios para “mover el aparato estatal” o se ven obligados a pagar sumas que nominalmente pueden ser bajas, pero que significan un alto porcentaje de los ingresos o los recursos de estos ciudadanos.

Además de afectar los derechos ciudadanos, la corrupción es negativa porque afecta el desempeño de los gobiernos y parece ser una de las causas para la perpetuación de la pobreza y falta de desarrollo de los países. En ese sentido, los países que no mejoran la calidad de su gobierno y siguen atrapados por la corrupción, parecen condenados a una situación de retraso y subdesarrollo.

Para el caso peruano, estudios sobre el efecto de la corrupción en la economía ha señalado que si se redujeran los niveles de corrupción en el Perú, a niveles existentes en países desarrollados o en Chile, se tendría un efecto de 0.8% sobre la tasa promedio de crecimiento per capita de largo plazo del país (actualmente es de 2.9%) (Bigio & Ramírez–Rondán). 

En resumen, la corrupción no solo desmoraliza a los ciudadanos y mina su confianza, sino que también vuelve ineficientes hasta las más pequeñas acciones del Estado, en cualquiera de sus tres niveles. La corrupción traba además el desarrollo del país, debilita su competitividad, profundiza las desigualdades sociales y desvía importantes recursos financieros que la sociedad requiere para impulsar el progreso.

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