A pesar de que el sistema jurídico reivindica los bosques como patrimonio de la Nación y son –formalmente– de titularidad del Estado, en la práctica éstos se comportan como “bienes comunes” y se ven afectos a “externalidades” (en el sentido económico de ambos términos).
Decimos que en la práctica, los bosques en el Perú son tratados como bienes comunes porque –de hecho– cualquiera los puede explotar (o sobre explotar). “Bienes comunes” son aquellos bienes o recursos que son de acceso abierto (no existe exclusión, es libre y cualquiera los puede usar) pero que están sujetos a rivalidad en el uso o en el consumo. Este acceso abierto genera incentivos en las personas para explotar excesivamente el bosque pero no invertir recursos en su conservación.
Adicionalmente, los bosques, en tanto bienes comunes; están sujetos a externalidades negativas. Las externalidades implican que la actuación de un sujeto o empresa afecta –sin haber un contrato o acuerdo o compensación de por medio– la producción, el consumo o la utilidad de otro. Las externalidades negativas se generan debido al uso del territorio por actividades incompatibles (por ejemplo, conservación y extracción del recurso o, conservación como bosque frente a su conversión en tierra agrícola).
La conjunción de ambas características provoca la degradación de los bosques, modificándose sus características, su extensión o su calidad. Como señala la teoría económica, si dicha situación no se morigera, el recurso puede nulificarse, desaparecer o colapsar. Dado el nivel de deforestación y degradación de los bosques, esto es lo que parece estar pasando en el Perú.
El Sistema Jurídico Peruano desde la Constitución y en otras normas de menor jerarquía, contiene mandatos al Estado para la conservación de la diversidad biológica y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales.
Si bien existen diversos mecanismos jurídicos para enfrentar el problema de externalidades y bienes comunes y hacer efectivo el mandato de conservación que el propio sistema jurídico establece; el Estado Peruano tradicionalmente ha recurrido a medidas de “regulación administrativa”.
Los problemas de la tala ilegal pueden ser vistos como una crisis de institucionalidad, de las entidades y organizaciones estatales que tienen su cargo la regulación y supervisión para la protección y explotación racional de los recursos forestales.
Esta visión ya había sido presentada antes, por la Comisión Multisectorial de lucha contra la Tala Ilegal y se presenta en el siguiente gráfico:
Sin embargo, estas razones pueden ser corregidas y remediadas por el propio sistema, por el propio Estado y por la propia acción de los funcionarios estatales. Por tanto, cabe preguntarse por qué estos problemas no han sido corregidos o –peor aún– porque estos problemas se han agudizado. Enfrentar el problema de tala ilegal no necesariamente requiere de más o nuevas normas. Se necesitan generar incentivos, para que las autoridades reguladoras y supervisoras, cumplan efectivamente su labor.
