¿Y por qué actúan así? Tratando de dar una explicación al funcionamiento de los funcionarios y servidores del Sector Público.

Muchos criticamos el desempeño del Sector Público y de sus servidores. Sin embargo, no somos conscientes de su contexto ni de la lógica de su conducta. Si comprendiéramos eso, creo que podríamos generar mejores mecanismos para optimizar el funcionamiento del Estado.

El Estado en todos sus niveles, es un conjunto complejo de organizaciones, que ha sido creado por los ciudadanos, para proteger y promover su propio bienestar y satisfacer sus diversas necesidades. Sin embargo, sería imposible que toda la ciudadanía en conjunto maneje, administre o gestione directamente tal conjunto. Ello sería inviable dados los costos de coordinación y negociación que involucraría.

Por ello, los países y las sociedades han creado estructuras administrativas (que se denominan de manera genérica “Administración Pública”) para realizar la conducción y gestión de este conjunto de organizaciones (Estado). 

Las personas que integran dichas estructuras son autoridades políticas, autoridades funcionales, funcionarios y servidores en general. Estos sujetos constituyen verdaderamente “agentes” o “administradores” del Estado y tienen la característica esencial de dirigir, gerenciar, administrar y manejar bienes, recursos, servicios e intereses que nos son propios, sino que pertenecen a la ciudadanía en general. 

Estos agentes o administradores deben administrar dichos recursos, que no les pertenecen, buscando fomentar, alcanzar y maximizar el interés y el beneficio del Estado y en última instancia; aquel de los ciudadanos. 

Entonces, de manera general, se pueden apreciar dos grupos vinculados al funcionamiento del Estado: 

i) Los ciudadanos, que son sus fundadores y titulares y, 

ii) Los agentes y administradores, que son los que lo conducen efectivamente. 

Dado que se han formado dos grupos distintos y que no necesariamente son homogéneos, entre ellos se puede generar una discrepancia de intereses, que unido a factores como asimetría de información, traslado de costos (o free rider) y la conducta oportunista de los agentes, genera lo que económicamente se llama “Problema de Agencia” o “Problema del Principal – Agente”. 

Esto lleva a que los administradores o agentes no cumplan el rol que realmente les corresponde (a esto, la teoría le llama problema de agencia).

Este problema de agencia puede tener muchas manifestaciones y traducirse en la realización de actividades, políticas, normas y regulaciones que no benefician necesariamente a los ciudadanos, sino únicamente a dichas autoridades y funcionarios, o a los grupos de interés específicos con quienes están vinculados. 

Estas conductas pueden ir desde la inacción pura, la actuación negligente, la ineficacia, la actuación dolosa y llegar hasta la corrupción abierta. El Problema de Agencia genera una serie de costos a la ciudadanía y al propio Estado, que tienen por efecto una reducción en el nivel de bienestar de la sociedad.

En el caso de las autoridades y funcionarios estatales, su situación podría analizarse desde esta óptica. Como hemos señalado, la ineficacia, la mala gestión y el abuso de facultades son manifestaciones del problema de agencia. 

Si esto sucede, la consecuencia va a ser la ineficacia de la acción del Estado. 

¿Qué hacer para enfrentar esta situación? ¿Cómo generar el cambio?

Para evitar el problema de agencia, se pueden trabajar desde tres frentes:

a) Educación y valores. En este caso se espera reducir la diferencia de intereses entre los agentes/administradores frente a los de la ciudadanía y reducir el comportamiento oportunista en que los primeros pueden desarrollar. Esto requiere de acciones continuas y sus efectos se dan a largo plazo.

b) Mecanismos de información y monitoreo, que revelen las actividades que están realizando los funcionarios estatales. Estos mecanismos deben proporcionar información. Contemporáneamente a esto se le denomina “transparencia”.

Se supone que al ver expuesta su conducta, el agente/administrador reducirá su conducta oportunista.

Este sistema puede ser más sofisticado si se cuenta con mecanismos para explotar la información, por ejemplo, a través de la generación de indicadores, alertas, rankings, distribuciones, promedios, etc. Hoy en día, los sistemas informáticos pueden contribuir en gran medida con esto.

c) Mecanismos de control. El objetivo de estos controles es corregir los problemas y desviaciones que puedan presentarse en casos específicos. Sin embargo, su objetivo primordial es generar un efecto de prevención general, que evite que las autoridades y funcionarios, se desvíen del correcto ejercicio de funciones.

d) Establecimiento de Incentivos (positivos). Este mecanismo tiene el objetivo de alinear los incentivos de los administradores (las autoridades y los funcionarios) con los de la ciudadanía. De esta manera, la búsqueda del interés particular impulsará actividades que también beneficien el interés general. 

Para este caso, se debe determinar cuál es el objetivo que las autoridades y funcionarios quisieran maximizar (ingresos, rentas, tamaño de la organización, poder o influencia política) las actividades vinculadas a dicho objetivo y la relación de estas con los objetivos o beneficios que la ciudadanía quisiera obtener. 

e) Rendición de Cuentas frente a la Ciudadanía. Este mecanismo implica que la ciudadanía empiece a “participar” en mayor grado frente a las autoridades, de manera tal que los primeros son consultados, toman decisiones, vetan o exigen cuentas a los segundos. Para que estos sistemas funcionen, se requiere promover la participación de la ciudadanía. Concordante con eso, las autoridades y funcionarios deben proveer información y responder (rendir cuentas), sobre sus actividades y resultados.

Estos mecanismos –funcionando adecuadamente– deberían poder reconducir la conducta de los agentes/administradores.