Muchos consideramos que los gobiernos del nivel descentralizado, particularmente los gobiernos regionales, son las entidades más importantes del Sector Público; porque diversos servicios del Estado (como salud o educación, por ejemplo) son brindados directamente a los ciudadanos, por parte de dichas organizaciones.
Para muchos ciudadanos el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo (o Gobierno Central, como se le llamaba antes) es algo lejano. Para muchos de nuestros compatriotas, la cara del Estado son los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
En ese contexto, la legitimidad del Estado, se juega en la cancha de la eficiencia y efectividad de los gobiernos regionales y por ello, debería ser una prioridad, promover la mejor gestión posible en dichas instancias de gobierno.
Una primera cuestión que puede afirmarse es que los problemas generales de la gestión pública en el Perú, también se dan en los gobiernos regionales:
1. Las limitaciones en nuestro sistema de planificación. En el Sector Público muchas veces se toman acciones por decisión puramente política o por puro gusto de la autoridad de turno, sin ningún tipo de análisis técnico. Esto significa que no necesariamente se ha analizado las necesidades de la ciudadanía, sus preferencias, las opciones de acción existentes, la capacidad para llevarlas a cabo o la sostenibilidad de las mismas.
Hay que recordar que las entidades del Estado, como cualquier organización, tienen recursos limitados (presupuestales y de gestión). En ese sentido, es importante conocer esos límites, para saber hasta donde se puede actuar.
En esta línea, se debe considerar que la toma de decisiones de planificación, requiere de información, que muchas veces no existe a nivel del Gobierno Nacional ni tampoco a nivel más desagregado, en los niveles regional y local. Esta información es necesaria y útil, no solamente para la planificación, sino también para el seguimiento, la evaluación y la retroalimentación de las acciones que efectivamente se realicen. Este es un pendiente, para el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales.
Además, en el proceso de planificación, la determinación de las demandas ciudadanas y las capacidades estatales a nivel regional se enfrentan a la diversidad y complejidad de su propio territorio. En el Gobierno Nacional es posible que la diversidad de nuestra población y la complejidad del territorio se atenúen, por la necesidad de la mirada general y global. Sin embargo, ello no puede ocurrir en el nivel regional, porque justamente su misión es estar más cerca al ciudadano y responder de mejor manera a sus necesidades. Si la planificación a nivel regional pierde estos elementos, se desnaturaliza una de las razones de su existencia como nivel de gobierno. Aquí es donde la información requiere más importancia.
2. Limitada capacidad para “gestionar” los sistemas administrativos del Estado. Aquí, los gobiernos regionales enfrentan un doble problema. Por un lado, como todas las entidades, se encuentran expuestas a la hiper regulación existente en la gestión pública, donde se privilegia el cumplimiento de la regla (de la norma) más que el cumplimiento de objetivos y la satisfacción de las necesidades de la población. Pero además, tenemos también organizaciones débiles, con personal que requiere de un mayor conocimiento de dichas reglas o experiencia en su administración.
Esto requiere una doble acción. Primero, que los entes rectores consideren las particularidades de los gobiernos del nivel descentralizado. Que se generen reglas, pero orientadas a productos, resultados, más que a pasos y actividades y además, que se consideren las particularidades de los diversos niveles de gobierno. En este caso, la talla única no funciona. En esa línea también, los diversos entes rectores deberían coordinar sus reglas, porque los diversos sistemas administrativos funcionan -en la práctica- dentro de un ciclo de acciones que permiten al ejecución del gasto público y la realización de actividades por parte de las entidades públicas.
Una segunda acción necesaria es reforzar las capacidades del personal que presta servicios en el nivel regional. Esto requiere de acciones de capacitación, asesoría, seguimiento (como se está haciendo en el tema de inversión pública), pero también generar mecanismos de incentivos; para reclutar mejores cuadros. En este contexto, debería analizarse la experiencia de los Gerentes Públicos de SERVIR y potenciar algún mecanismo en esa línea.
3. Articulación entre los niveles de gobierno. Una buena parte de las actividades y servicios prestados por los gobiernos regionales no son responsabilidad exclusiva de ellos. Dichas actividades y la provisión de los servicios deberían ser vistas como procesos, donde también participan entidades del nivel nacional. En esa línea es necesaria una visión holística y articulada. En este caso, también se requiere que desde el Gobierno Nacional se tomen en cuenta las capacidades y especificidades territoriales.
Sin embargo, una cuestión que se aprecia en los últimos tiempos, es que el Gobierno Nacional está creando órganos desconcentradas u organismos públicos que actúan en el territorio, de manera paralela o descoordinada de los gobiernos regionales. Esto no solo multiplica el gasto, aumenta personal sino que también desarticula la actuación estatal, aminora los roles de los gobiernos regionales y desconcierta a la ciudadanía, ya que no queda claro, quién resulta responsable de una determinada actividad o servicio.
No queda duda que la gestión pública regional debe repensarse y reevaluarse, para mejorar la calidad del Estado para el ciudadano. Sin embargo, ello no es una tarea exclusiva de los gobiernos regionales. El Gobierno Nacional y los entes rectores de los sistemas administrativos tienen un gran reto en esa línea: mejor regulación, repotenciamiento de capacidades regionales y mayor diálogo-articulación-coordinación entre el nivel regional y local.
Finalmente, para esa tarea de potenciar los gobiernos regionales, debería utilizarse el Decreto Legislativo N° 1026. Esta norma estableció un régimen especial facultativo, para los gobiernos regionales y locales que deseasen implementar procesos de modernización institucional integral. Tenemos la herramienta legal. Está en el Gobierno Nacional y en los gobiernos regionales, utilizarla.
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